El gobierno de Trump revocó la autorización de Harvard para recibir estudiantes extranjeros, tras acusar a la institución de fomentar antisemitismo y tener vínculos con el Partido Comunista Chino.

El gobierno de Donald Trump revocó la autorización de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, lo que afecta a unos 6.800 alumnos y genera un conflicto sin precedentes entre el Ejecutivo y la institución. Esta medida elimina a Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, esencial para emitir visas académicas.
La decisión, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, se justifica en acusaciones de antisemitismo, falta de cooperación en investigaciones federales y supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino. Harvard negó los cargos, denunció un ataque político y presentó una demanda judicial para revertir la sanción.
El enfrentamiento escaló tras la negativa de la universidad a limitar las protestas propalestinas y modificar sus políticas de diversidad. El gobierno exigió acceso a videos, registros disciplinarios y datos sobre estudiantes con visa.
Según Harvard, ya había respondido a esas solicitudes, pero el Departamento calificó la información como “insuficiente” sin explicar por qué. Mientras tanto, el futuro de miles de estudiantes quedó en suspenso. Muchos deben transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus migratorio legal.
La administración Trump también bloqueó fondos federales a la universidad y cuestionó su exención fiscal. Estas acciones generan preocupación en la comunidad académica, que advierte sobre un posible deterioro del prestigio global del sistema universitario estadounidense.
Para Harvard, el impacto es tanto financiero como institucional. La matrícula y los aportes de estudiantes extranjeros sustentan parte de su presupuesto, y su diversidad internacional es clave para la excelencia académica.
El presidente interino, Alan Garber, condenó la revocación como ilegal y advirtió que se trata de una represalia por ejercer derechos constitucionales. La disputa se extiende a tribunales, donde Harvard busca frenar lo que considera un intento de censura y control ideológico por parte del gobierno.
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