La condena a Cristina provocó respaldos y rechazos entre los políticos santafesinos, que debatieron su alcance electoral y judicial.
La condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia provocó una ola de reacciones entre referentes políticos santafesinos. El pronunciamiento confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte la considera responsable de administración fraudulenta agravada en el marco de la causa Vialidad.
Qué políticos dieron su respaldo a Cristina tras la condena
Por un lado, varios referentes peronistas calificaron el fallo como un acto de proscripción política. El exministro Agustín Rossi sostuvo que la decisión judicial intenta excluir a Cristina de la vida política y la vinculó a presiones de los grupos económicos concentrados. Desde una manifestación en la plaza 25 de mayo, advirtió que este episodio marca un retroceso democrático.
En la misma línea, el diputado provincial Carlos Del Frade calificó a la Corte como un “triunvirato que finge ser un poder independiente” y llamó a construir un frente democrático local que defienda los derechos ciudadanos. Para él, la situación recuerda al caso de Lula Da Silva en Brasil, donde también se denunció una estrategia judicial con fines políticos.
El candidato a concejal del peronismo en Rosario, Juan Monteverde, también defendió a la exmandataria. Señaló que el fallo de la Corte fue puramente político y denunció un intento de inhabilitarla sin argumentos jurídicos sólidos. Para Monteverde, el fallo vulnera la democracia al impedir que una dirigente con amplio respaldo popular compita en elecciones.
Quienes son los politicos que festejaron la condena a Cristina
Desde los sectores más críticos del kirchnerismo, como La Libertad Avanza y Creo, las reacciones fueron diametralmente opuestas. El candidato Juan Pedro Aleart celebró la resolución judicial y calificó a Cristina Kirchner como una delincuente de alto perfil, acusándola de haber robado al país junto a “su banda”. Arremetió contra Monteverde, a quien vinculó con un modelo de “corrupción estructural y militancia de la pobreza”.
El senador provincial Ciro Seisas, aliado de Javkin, también respaldó el fallo. Defendió la necesidad de que las condenas tengan efecto real y criticó los discursos que relativizan la gravedad de la corrupción. Para él, no se trata de persecución política, sino de cumplir la ley.
Por su lado, Carolina Labayrú, candidata del frente Unidos, celebró la condena a Cristina y cuestionó con ironía a sus adversarios políticos. En redes sociales, apuntó contra Juan Monteverde por haber respaldado a la expresidenta en elecciones pasadas y sugirió que ahora debería disculparse públicamente.
Cómo reaccionaron desde el oficialismo local
Desde el oficialismo local, el intendente Pablo Javkin evitó confrontar con el Poder Judicial. Afirmó que la política debe actuar con respeto institucional frente a los fallos judiciales. Criticó, además, la lentitud en los procesos por corrupción, que en su opinión distorsiona el contexto al momento de aplicar una sentencia. Javkin subrayó que los casos de corrupción vinculados a la obra pública no son menores.
“La corrupción mata”, repitió, y recordó tragedias como la de Once, atribuyéndolas a la desinversión deliberada por parte del Estado. También cuestionó el silencio de algunos sectores del peronismo local frente a los hechos probados de enriquecimiento ilícito, y pidió que se garantice tanto la obra pública como la transparencia.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “nadie debe estar por encima de la ley”. En su declaración pública, exhortó a que todas las discusiones se canalicen en el marco de la Justicia, sin excepciones ni privilegios para ningún actor político.
En este contexto, el fallo de la Corte Suprema se volvió un eje de tensión nacional, pero también impactó en la política santafesina. Las posiciones están polarizadas: mientras unos ven en la condena una forma de restablecer la legalidad y frenar la impunidad. Otros consideran que se trata de un golpe institucional encubierto para neutralizar a una figura central del movimiento peronista.
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