El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que redefine el llamado régimen de zona fría y apunta a achicar el universo de usuarios que acceden a descuentos en la tarifa de gas, en línea con el objetivo oficial de equilibrar las cuentas públicas.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados a través del Poder Ejecutivo y propone acotar las áreas geográficas que reciben beneficios por bajas temperaturas, al mismo tiempo que suma criterios socioeconómicos para definir quiénes pueden acceder a los subsidios en la factura de gas natural.
Con este cambio, la Casa Rosada busca que los descuentos queden focalizados en los hogares más vulnerables y en las regiones que efectivamente registran temperaturas más extremas durante gran parte del año, en sintonía con el plan oficial de ajuste del gasto y reducción del déficit fiscal.
Revisión del mapa de beneficiarios
El régimen de zona fría fue creado para aliviar el costo del gas en provincias y localidades donde la calefacción es imprescindible durante largos períodos. El nuevo proyecto plantea una revisión del mapa de beneficiarios, limitando el alcance de los descuentos y dejando afuera a distritos que, según el Gobierno, no cumplen con los parámetros de temperatura definidos.
Además, se incorporan filtros por nivel de ingresos y situación social de los usuarios. De esta forma, los subsidios dejarían de ser universales dentro de las zonas alcanzadas y pasarían a ser segmentados, en línea con la política aplicada en otros servicios públicos.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo insiste en que el esquema actual genera distorsiones y representa una carga fiscal que consideran “insostenible” en el contexto de la política de equilibrio fiscal que impulsa la administración Milei.
Derogación de regímenes de promoción hidrocarburífera
El texto enviado al Congreso no solo modifica el régimen de zona fría, sino que también incluye la derogación de varios regímenes de promoción de hidrocarburos. Se trata de programas que otorgaban incentivos a la producción de gas y petróleo, considerados por el oficialismo como beneficios que ya no se justifican frente a la situación fiscal.
La eliminación de estos esquemas apunta a reducir el volumen de recursos que el Estado destina al sector energético. El Gobierno argumenta que la nueva etapa debe estar marcada por reglas más homogéneas y menores niveles de subsidios, tanto del lado de la oferta como de la demanda.
Mientras avanza el tratamiento legislativo, organizaciones de usuarios, provincias alcanzadas por la zona fría y actores de la industria energética seguirán de cerca el debate, atentos al impacto que puede tener la reforma en las tarifas de gas y en la actividad del sector.
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