La Aduana ha suspendido a estas empresas por no haber liquidado sus divisas en los plazos establecidos.
Es importante destacar en este contexto, que las empresas exportadoras tienen la obligación de liquidar sus divisas ante el Banco Central de acuerdo con los plazos previstos por las normas. Estos plazos para liquidar las divisas, varían según el tipo de producto exportado, desde los 15 días en el caso de la soja hasta 180 días en economías regionales, y existe un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.
Determinación de la Aduana
La Aduana ha establecido pautas a seguir en aquellos casos en los que los exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas a través de la Instrucción General 07/2022. El agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso mediante seguro de caución. Si no se cumplen estos requisitos, se producirá la suspensión como exportador del Registro de Aduana.
Resolución del Juez
El juez federal de Rosario, Vera Barros, ha respaldado la decisión de la Aduana al rechazar un pedido de amparo presentado por una empresa exportadora en contra de la suspensión de su inscripción en el registro de exportadores. La falta de control de las falsas empresas exportadoras ha llevado a un crecimiento exponencial de carpetas que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar.
Si bien son cuatro las empresas a las que la aduana podrías suspender las exportaciones, hay más empresas vinculadas. Según la información oficial, estas empresas involucradas serian alrededor de 25 y los montos que hasta el momento no liquidaron se detallan a continuación:
1 – Diaz & Forti (Rosario): US$ 692,5 millones.
2 – Vicentin (Avellaneda-Santa Fe): US$ 89,5 millones.
3 – ACB Alimentos Coronel Baigorria: US$ 76,9 millones.
4 – Extrugreen (con sede en Arequito) : US$ 70,9 millones.
5 – Galileo Technologies: US$ 57,7 millones.
6 – Grupo TBA (Rosario): US$ 51,0 millones.
7 – ART Logistics: US$ 45,1 millones.
8 – Pesquera Mar Chiquita: US$ 39,3 millones.
9 – Huachana: US$ 37,6 millones.
10 – FGF Trapani: US$ 37,5 millones.
11 – Curtiembre Arlei: US$ 37,5 millones.
12 – Argen-time: US$ 37,0 millones.
13 – P&P Expo Impo: US$ 28,8 millones.
14 – Clodomira Industrial: US$ 26,4 millones.
15 – Refinería de Grasas Sudamericana: US$ 24,9 millones.
16 – Pesquera Tolmar: US$ 24,4 millones.
17 – Frigorifico HVSA: US$ 19,6 millones.
18 – Fénix International: US$ 19,5 millones.
19 – Centro Electro: US$ 19,4 millones.
20 – S&F Global Serv: US$ 19,0 millones.
21 – Agroskita: US$ 18,7 millones.
22- Marfepa: US$ 18,6 millones.
23 – AMT Sud: US$ 18,3 millones.
24 – Frigorífico General Pico: US$ 18,1.
25 – World Quality Fish: US$ 15,9 millones.
Existen diferentes formas en que los exportadores pueden aprovechar la brecha para no liquidar las divisas ante el Banco Central y dejarlas en el exterior o convertirlas al tipo de cambio de contado con liquidación. Sin embargo, estas prácticas no son legales y pueden llevar a sanciones en lo penal cambiario.
Es importante mencionar que la falta de control de las falsas empresas exportadoras ha llevado a un crecimiento exponencial de carpetas que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar. En este sentido, el fallo de la justicia federal de Rosario respalda el accionar de la Aduana, que tiene como objetivo defender las reservas para la industria nacional y la generación de empleo.
Con respecto a las empresas involucradas, Díaz & Forti, Vicentin, Extrugreen y Grupo TBA son cuatro empresas de la provincia de Santa Fe que tienen pendiente de liquidación ante el Banco Central US$1.543 millones. La Aduana ha suspendido a estas empresas por especular y no liquidar dólares de sus ventas al exterior. La empresa entrerriana El Cerco presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la medida. Sin embargo, el Juzgado Federal N°1 de Rosario decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa, respaldando la posición oficial.
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