La administración de Donald Trump impulsa un esquema de aranceles extra sobre importaciones de unos 60 países. Éstos están acusados de beneficiarse de trabajo forzoso, lista en la que figura Argentina. La medida, de avanzar, podría reordenar el comercio con Estados Unidos e impactar en sectores exportadores clave.
Se trata de un intento del Gobierno de Donald Trump por reconstruir la política arancelaria que había sido anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos. La propuesta habilita al USTR (la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) a aplicar aranceles adicionales de entre 10% y 12,5% sobre productos importados desde unos sesenta países, bajo el argumento de combatir cadenas de valor que recurren al trabajo forzoso.
La iniciativa todavía no está firme, sino que debe superar una audiencia prevista para el 7 de julio. En dicha instancia el sector privado, especialistas y gobiernos extranjeros podrán presentar sus objeciones. Recién después de ese proceso, el USTR estará en condiciones de definir qué bienes y qué países serán alcanzados y en qué magnitud.
La inclusión de Argentina en la nómina preliminar despierta preocupación en el ámbito empresarial y en el comercio exterior. Se debe a que Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales de alimentos, insumos industriales y productos de valor agregado. Un aumento de hasta 12,5% en los aranceles podría encarecer la oferta argentina frente a otros competidores.
Impacto potencial para las exportaciones argentinas
Si la medida se aprueba en los términos planteados, las compañías argentinas que venden al mercado estadounidense deberán revisar costos, contratos y márgenes. Algunos sectores podrían optar por absorber parte del aumento para no perder mercado, mientras que otros se verían obligados a trasladar el incremento de aranceles al precio final.
El foco puesto en el trabajo forzoso forma parte de una agenda más amplia de Estados Unidos. Mezcla preocupaciones de derechos humanos con disputas comerciales. En ese marco, países y empresas deberán acreditar con mayor detalle el origen de sus insumos y las condiciones laborales a lo largo de la cadena productiva para evitar sanciones.
La eventual aplicación de nuevos aranceles se interpreta también como un mensaje hacia los socios comerciales de Estados Unidos: la Casa Blanca busca recuperar herramientas de presión económica que habían sido limitadas por fallos judiciales recientes, y lo hace en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro.
A la espera de la audiencia de julio, gobiernos y cámaras empresarias seguirán de cerca la evolución de la propuesta, atentos al alcance real que podría tener sobre el comercio bilateral y las perspectivas de exportación argentina hacia el principal mercado del hemisferio norte.
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