El Gobierno Nacional avanza con la privatización de AYSA, la mayor empresa de agua y saneamiento del país, en un proceso que promete reconfigurar el servicio que hoy llega a unos 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En esta licitación, el Ejecutivo decidió que AYSA no tenga precio base ni piso mínimo, una apuesta que buscaba atraer a numerosos interesados. Sin embargo, la competencia real se concentra en un puñado de grupos empresarios ya conocidos en el sector de servicios públicos.
La compañía, hoy estatal, presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos del conurbano. El traspaso al sector privado abre interrogantes sobre el impacto en las tarifas, los tiempos de obras y la calidad del servicio para millones de usuarios residenciales e industriales.
Planes de inversión y sospechas sobre interesados
Los oferentes deben presentar ambiciosos planes de inversión para ampliar redes y renovar infraestructura envejecida. En paralelo, en la lista de interesados aparecen empresarios y consorcios vinculados a la causa Cuadernos, con procesados por corrupción en obra pública, lo que vuelve más sensible el debate político y social.
Dentro del Gobierno sostienen que la privatización permitirá acelerar obras y reducir el peso de los subsidios. Críticos del modelo advierten que, sin un fuerte control estatal, la prioridad podría pasar a ser la rentabilidad por encima de la expansión del acceso al agua y al saneamiento.
Mientras avanza el cronograma, el futuro de AYSA privatizada se vuelve una discusión clave sobre cómo se gestionará un recurso esencial para el Área Metropolitana en los próximos años.
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