El proyecto del Gobierno de Javier Milei para modificar los subsidios de la tarifa de gas encendió alarmas entre usuarios y dirigentes políticos, que advierten por fuertes aumentos en la boleta si se recorta el régimen de Zona Fría.
Reclamo de usuarios y concejales rosarinos
Organizaciones de usuarios y concejales de Rosario pusieron la mira en el Senado nacional ante la intención del Gobierno de reformar el esquema de Zona Fría, que hoy reduce el impacto de la tarifa de gas en regiones con bajas temperaturas. El pedido es concreto: que los senadores no acompañen el recorte de subsidios.
Las entidades que siguen la evolución de las facturas de servicios públicos advirtieron que, si se avanza con el proyecto oficial, los hogares que hoy acceden al beneficio podrían enfrentar incrementos de hasta 100% en la boleta. El temor es que la quita deje a miles de familias en una situación de mayor vulnerabilidad en pleno contexto de caída del poder adquisitivo.
La Zona Fría es un régimen diferencial que reconoce el mayor consumo de gas en áreas con inviernos más duros. En la práctica, implica un descuento sobre el precio del gas natural para usuarios residenciales, lo que amortigua parte del impacto de los aumentos tarifarios autorizados a nivel nacional.
Qué puede pasar con la tarifa de gas
Con la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, el beneficio quedaría acotado o directamente eliminado para numerosos distritos que hoy lo perciben. Las organizaciones de usuarios sostienen que esto se traduciría en subas inmediatas, sobre todo para los sectores de ingresos medios y bajos que dependen del gas natural para calefacción y cocina.
Concejales rosarinos remarcaron que el recorte de subsidios impactaría de lleno en ciudades de Santa Fe incluidas en el régimen, donde el consumo de gas aumenta de forma marcada durante los meses fríos. Además, alertan que la medida se suma a una serie de incrementos previos en servicios básicos, lo que presiona aún más sobre el presupuesto de los hogares.
El foco del reclamo está puesto en la Cámara alta, que deberá pronunciarse sobre el nuevo marco tarifario. Los colectivos de usuarios piden audiencias públicas amplias y transparencias en los estudios de costos, antes de avanzar con cualquier modificación que implique subas generalizadas.
Mientras tanto, las organizaciones llaman a seguir de cerca el debate y a conservar toda la documentación de las facturas, para poder realizar reclamos administrativos si se registran incrementos que consideren injustificados. También señalan la importancia de sostener políticas de tarifas accesibles en servicios esenciales como energía eléctrica, agua y gas.
En este contexto, el desenlace en el Senado será clave para definir cómo se repartirán las cargas del ajuste tarifario entre el Estado, las empresas del sector y los usuarios residenciales, que ya vienen de afrontar una larga serie de aumentos.
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