La Universidad Nacional de Rosario (UNR) participará de una nueva jornada federal en defensa de la educación pública, con actividades durante 24 horas y una fuerte presencia de la comunidad académica.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumará a una nueva jornada federal en defensa del sistema universitario, que reunirá a docentes, estudiantes, no docentes y equipos de investigación de todo el país. La convocatoria busca visibilizar el rol estratégico de la educación superior pública en Argentina.
En Rosario, el epicentro será la Facultad de Derecho, donde se desarrollará una agenda continua de actividades durante 24 horas. La propuesta incluye clases públicas, charlas abiertas, debates, muestras y espacios culturales que pondrán en primer plano la situación actual de las universidades nacionales.
Al respecto, desde la UNR remarcan que el objetivo central es defender el carácter público, gratuito y de calidad de la educación superior, frente a un escenario de incertidumbre presupuestaria y redefinición de políticas para el sistema universitario.
Docentes, estudiantes y científicos en una misma agenda
La jornada federal convoca a la comunidad universitaria de todo el país. En Rosario habrá participación activa de docentes, centros de estudiantes, agrupaciones científicas y organizaciones sociales vinculadas a la universidad.
Las actividades están pensadas para abrir las puertas de la institución a la sociedad y mostrar cómo impacta la universidad en la vida cotidiana: formación profesional, producción de conocimiento, innovación tecnológica y redes con escuelas, hospitales y organizaciones territoriales.
Entre las propuestas se esperan exposiciones sobre la situación presupuestaria del sistema, paneles sobre el futuro de la investigación científica y debates sobre la importancia de sostener una universidad inclusiva y federal, accesible para estudiantes de distintos sectores sociales.
La UNR ha sido, históricamente, un actor central en la vida social y política de Rosario y la región. Esta nueva jornada se inscribe en una serie de acciones coordinadas a nivel nacional para reclamar previsibilidad y recursos que permitan sostener el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
La consigna que atraviesa la convocatoria es clara: defender la educación pública como política de Estado y garantizar el derecho a estudiar, enseñar e investigar en condiciones dignas, en un contexto en el que el sistema universitario vuelve a ocupar el centro del debate público.
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