El ministro del Interior Diego Santilli adelantó que el Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria con el foco puesto en profundizar la reducción de impuestos y rediscutir el reparto de recursos entre los distintos niveles del Estado.
El ministro del Interior Diego Santilli adelantó que el Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria con el foco puesto en profundizar la reducción de impuestos y rediscutir el reparto de recursos entre los distintos niveles del Estado. Según adelantó, la Casa Rosada trabaja en un esquema para simplificar el sistema tributario y avanzar en una baja gradual de la presión impositiva. La iniciativa buscará ser discutida en el Congreso, donde el oficialismo intentará tejer acuerdos con bloques aliados y opositores.
El funcionario remarcó que el debate no se limitará a los tributos nacionales, sino que deberá incluir a las provincias y los municipios. El objetivo es revisar superposiciones de impuestos y tasas que encarecen la actividad económica y generan distorsiones para las empresas y los contribuyentes.
En ese sentido, Santilli planteó que la negociación exigirá un acuerdo político amplio, ya que cualquier cambio profundo en la estructura tributaria impacta en la coparticipación y en los recursos que cada distrito recibe para financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Rol del Congreso y tensión entre Nación, provincias y municipios
La Casa Rosada buscará que el Congreso sea el ámbito para ordenar la discusión, con la participación de gobernadores, intendentes y representantes de los distintos sectores productivos. El oficialismo apuesta a que una reforma integral permita dar previsibilidad a la recaudación y a las cuentas públicas.
El punto sensible de la negociación será cómo compatibilizar la propuesta de bajar impuestos con la necesidad de sostener los ingresos de las arcas provinciales y municipales. En los últimos años, muchos distritos recurrieron a tasas locales para compensar la caída real de la coparticipación y el aumento de sus gastos corrientes.
Empresarios y cámaras sectoriales vienen reclamando desde hace tiempo una reducción de la carga tributaria y la eliminación de tributos que consideran distorsivos. La respuesta del Gobierno apunta a recoger ese malestar, pero al mismo tiempo deberá contener la resistencia de los mandatarios provinciales, preocupados por no perder autonomía financiera.
De avanzar, la reforma podría implicar una redefinición del federalismo fiscal en la Argentina, con nuevas reglas para el reparto de la recaudación y una mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios a la hora de fijar y administrar impuestos.
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