Mediante un fallo firmado por el juez Enrique Alonso Regueria, la Justicia ordenó al Gobierno nacional a garantizar políticas contra la violencia de género.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 dio lugar a una medida cautelar solicitada por diversas organizaciones feministas. En consecuencia, ordenó al Gobierno nacional a garantizar el funcionamiento de las políticas contra la violencia de género, como el programa Acompañar y la línea 144.
Firmado por el juez Enrique Alonso Regueira, el fallo indica que el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona no pudo garantizar los derechos mencionados en la ley 26.485 para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, el magistrado señaló que “tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas”.
En tal sentido, ordenó al Ejecutivo no despedir a los trabajadores que se desempeñaban en la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género ni a quiénes lo hacen en los Centros de Acceso a la Justica. Sin embargo, vale recordar, ya cerró 81. También deberá garantizar el financiamiento a los programas destinados a la política de género, como Acompañar y la línea 144.
La Justicia ordenó al Gobierno garantizar políticas contra la violencia de género: qué dijo el Ministerio de Justicia
Si bien aún no hubo una respuesta oficial de la cartera de Justicia al respecto, trascendió que negó las acusaciones, principalmente que no estén garantizados los derechos contra la violencia hacia las mujeres.
A través de un comunicado conjunto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni una Menos, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres x Mujeres (MxM) Y Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (FUNDEPS), celebraron el fallo. Además, dieron detalles de la respuesta del Ministerio.
Indicaron que “el Estado negó aquello que ellos mismos habían anunciado airadamente por redes sociales: el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país”.
“En uso de sus atribuciones, la actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos, tal como se ha detallado y surge de las disposiciones y decretos publicados y en vigencia”, comentó la cartera a cargo de Cúneo Libarona. No obstante, para el juez, el Estado no respaldó con documentación sus afirmaciones para demostrar de qué forma estaría garantizado los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género”.
Comentarios