Con motivo del aniversario de “el Argentinazo”: el estallido social que terminó con el gobierno de De la Rúa. En aquel entonces, Bullrich también era ministra. El gobierno ya lanzó un protocolo de seguridad.
Tras el anuncio del protocolo para evitar cortes que ideó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este miércoles será la primera movilización nacional en el gobierno de Javier Milei. Más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas saldrána las calles en un nuevo aniversario de “el Argentinazo”, el estallido social que en 2001 terminó con la presidencia de Fernando de la Rúa.
En Buenos Aires marcharán desde el Congreso a la Plaza de Mayo. El nuevo protocolo de Bullrich “para el mantenimiento del orden público” busca asegurar la libre circulación en calles, caminos y rutas contra las manifestaciones.
Este fue rechazado por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales. Incluso se pronunció Clément Nyaletsossi Voule, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.
“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, dijo el funcionario de la ONU en X.
Bullrich dijo que las organizaciones sociales “pueden manifestar todo lo que quieran, pero no cortar las vías de circulación”. Además, anticipó que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las marchas.
El nuevo protocolo
El nuevo protocolo permite la identificación de quienes corten los accesos; la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión; y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Las organizaciones sociales resolvieron movilizarse igualmente este miércoles bajo las consignas “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”; “No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización” y “Por un paro activo nacional y un plan de lucha”.
La respuesta de las organizaciones sociales
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, afirmó que “una serie de abogados se van a reunir para elaborar una presentación judicial” contra el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad.
“Veremos si tiene la forma de un hábeas corpus o de recursos preventivos para evitar que Bullrich lleve adelante lo que para nosotros es un delito: prohibir las movilizaciones populares”, dijo. Bullrich “le faltó el respeto a la Constitución Nacional cuando se arrogó el poder de eliminar el derecho a protestar”, dijo Belliboni.
“Estamos en un momento difícil del país y necesitamos que todos colaboren”, pidió la ministra. “Nosotros estamos decididos a respetar la ley, porque la ley y el orden generan libertad y la libertad genera progreso”, aseguró.
“Todos hemos vivido años de piquetes en nuestro país. Esto es algo que arruina la economía, a las familias, genera una situación de desigualdad de la gente. Por ejemplo, si alguien vive en el sur y va a buscar un trabajo, tiene que cruzar el puente Pueyrredón, tiene menos posibilidades de conseguir ese trabajo que alguien que vive en el norte. Esto genera una situación de total y absoluto desorden”, siguió.
Bullrich recordó el discurso del presidente al asumir: “El que corta no cobra el plan”. “Es decir, que yo le aviso a todas las personas, que el que corta no cobra el plan. Es una situación en la que lo que estamos buscando es orden”, remarcó la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio.
Votos en contra
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pedirá la “derogación por vía judicial” del protocolo de seguridad, que es “una remake recargada del que (Bullrich) presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales pidieron al Ministerio de Seguridad “rever el protocolo”. Además, se mostraron dispuestos “para trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos”.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo también se opuso al anuncio del protocolo, y recordaron que “las peores tragedias han llegado de la mano de las políticas represivas”.
También se suman al reclamo la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
