Cristina Kirchner pidió cumplir la condena a seis años de prisión de manera domiciliaria, en su departamento de Constitución, en Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Cristina Kirchner, quien deberá cumplir seis años de prisión. En consecuencia, y tal como se suponía, la expresidenta pidió formalmente cumplirla con prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, Buenos Aires. Allí fue la exmandataria tras dejar la sede del Partido Justicialista (PJ) Nacional, donde la esperó la militancia y un grupo de dirigentes, entre ellos su hijo Máximo Kirchner.
Sobre el futuro del proceso judicial, su abogado Alberto Beraldi confirmó que la defensa ya presentó un pedido para que Cristina cumpla la condena en arresto domiciliario. Argumentó que la solicitud está basada en lo dispuesto por la ley para personas mayores de setenta años (la exmandataria tiene setenta y dos) y en las condiciones específicas de seguridad que le corresponden por haber sido jefa de Estado.
En diálogo con C5N, el letrado mencionó que esperan una respuesta del tribunal sobre el pedido de prisión domiciliaria antes del vencimiento del plazo de cinco días hábiles. Una resolución favorable, según explicó, sería lo que corresponde para cualquier persona, dadas las condiciones que se prevén en la legislación actual.
Cristina pidió cumplir la condena de manera domiciliaria
Sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Beraldi mencionó que, como se trata de una sentencia firme, las instancias nacionales ya están agotadas. En tal sentido, anticipó que analizan recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que prevé mecanismos espaciales para situaciones urgentes. Precisó que una eventual resolución del organismo podría dar lugar a la presentación de un recurso de revisión en la Justicia argentina para aplicar inmediatamente los efectos del pronunciamiento internacional.
“Saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales, durante un tiempo”, dijo su abogado. Explicó que, en caso de prosperar el reclamo ante la CIDH, se abriría una vía legal para revertir la inhabilitación. Sin embargo, paralelamente, dio a conocer que la consecuencia institucional podría derivar en una sanción para Argentina. “En definitiva, por estas personas que no cumplen con sus deberes constitucionales, el país va a ser el que termine castigado”, concluyó.
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