Gabriel Mizzau selló un acuerdo con los fiscales federales para declarar como imputado colaborador antes del inicio del juicio oral. El profesional reconoció los hechos y aportará información patrimonial sobre el exmagistrado de Rosario.
Una compleja red de corrupción judicial sumó un nuevo testimonio clave mediante la aplicación de la figura del imputado colaborador en Rosario. El contador Gabriel Mizzau convalidó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades ministeriales poco antes de iniciarse el correspondiente debate oral. De esta manera, el profesional aportará datos incriminatorios contra su antiguo compañero de escuela secundaria y cliente, el exjuez federal Marcelo Bailaque.
Maniobras contables y protección al narcotráfico regional
Con respecto a las sospechas penales, el asesor económico administraba simultáneamente los patrimonios del exmagistrado y de las firmas comerciales de Esteban Lindor Alvarado. Los fiscales federales Diego Iglesias y Juan Argibay Molina sostienen que Mizzau funcionaba como un nexo estratégico entre el juzgado y el entorno criminal. En este sentido, el colaborador alertaba presuntamente a Rosa Capuano sobre las futuras intervenciones telefónicas y los allanamientos ordenados por el tribunal.
Por consiguiente, las demoras deliberadas del exjuez permitían el ocultamiento de pruebas valiosas y garantizaban la impunidad de las bandas narcocriminales locales. Debido a estas graves irregularidades, el funcionario judicial presentó su renuncia formal durante el transcurso del año pasado ante el Poder Ejecutivo. Actualmente, los investigadores examinan los desvíos financieros por mil millones de pesos desde la Cooperativa de Trabajadores Portuarios hacia las cuentas de Fernando Whpei.
Extorsiones comerciales y pedidos de prisión efectiva
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de diez años de prisión efectiva para el antiguo titular del Juzgado Federal Cuatro. Los agentes judiciales comprobaron el armado de causas penales falsas con el objetivo de extorsionar al empresario de seguros Claudio Iglesias. Asimismo, la acusación penal recae sobre la esposa del exmagistrado, Graciela Martínez Maulión, por supuestas operaciones de lavado de activos en Funes.
A causa del sorpresivo testimonio del arrepentido, el camarista Aníbal Pineda dispuso un cuarto intermedio en la audiencia de control hasta el próximo lunes. Las defensas técnicas evalúan los alcances de los datos patrimoniales aportados y las declaraciones del extitular de la agencia impositiva, Carlos Vaudagna. En definitiva, las revelaciones de los tres colaboradores configuran un escenario probatorio sumamente adverso para el entorno del exjuez destituido.
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