Una amenaza de bomba recibida a través de un llamado al 911 obligó a activar protocolos especiales de seguridad tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada, con un fuerte despliegue policial en ambas sedes de gobierno.

El alerta se originó tras un llamado anónimo al 911 que advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo. De inmediato se puso en marcha el protocolo de actuación para este tipo de amenazas, que incluye el control de accesos y la revisión de los edificios.
La Policía Federal Argentina encabezó el operativo, con equipos especializados en explosivos, personal de seguridad presidencial y brigadas caninas desplegadas en distintos sectores de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Como parte de las medidas preventivas, se restringió el ingreso y egreso de personas mientras los agentes recorrían dependencias internas, patios y áreas perimetrales. Los controles se extendieron por varios minutos hasta descartar riesgos inmediatos.
La amenaza de bomba no incluyó una reivindicación clara ni datos precisos sobre el supuesto artefacto, por lo que los investigadores también comenzaron a rastrear el origen de la llamada y analizar posibles antecedentes de intimidaciones similares.
Investigación y antecedentes de amenazas
Fuentes de la investigación indicaron que este tipo de amenaza de bomba se trata, en principio, como un hecho de intimidación pública. En paralelo al operativo de seguridad, se abrió una causa para determinar quién realizó el aviso falso y cuáles fueron sus motivaciones.
En cada intervención de este tipo, los protocolos apuntan a resguardar al personal, funcionarios y visitantes, pero también a generar evidencia para identificar a los responsables del llamado y evitar nuevas maniobras de desestabilización o alarma social.





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