El juez federal Alejo Ramos Padilla confirmó la falta de delito en el caso ya que, por su cargo y su función, la expresidenta estaba dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna.
La denuncia había sido presentada por el dirigente de Juntos por el Cambio Yamil Santoro, quien expresó “sospechas, basadas en información periodística”, sobre la forma en que Cristina había sido vacunada durante la primera etapa del Plan Estratégico de Vacunación en el Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en la ciudad de Avellaneda.
Según la denuncia, la vicepresidenta “podría haber participado en una artimaña en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de obtener un beneficio sanitario (la vacuna) que no le correspondía”. “Esta artimaña podría haber consistido en simular que era destinataria legítima de la vacuna de acuerdo con la política y los criterios sanitarios vigentes”, añadía la denuncia.
Sin embargo, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla sostuvo que la vicepresidenta era considerada parte del “personal estratégico” en el contexto de la pandemia y formaba parte de los grupos de población prioritarios dentro del plan de vacunación. “Es evidente que la vacunación de la vicepresidenta de la Nación no puede considerarse una violación a la normativa”, contrarrestó el juez en su resolución.
Asimismo, se descartó la hipótesis de la “artimaña” planteada en la denuncia.
El caso se inició como una derivación del escándalo conocido como “Vacunatorio VIP” y llegó a la Justicia federal de La Plata después de que la jueza María Eugenia Capuchetti decidiera “transferir testimonios” (iniciar una investigación ante otro tribunal) en el expediente que se tramita en su juzgado.
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