La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una resolución que eleva las exigencias para operar en el mercado de capitales argentino, con el foco puesto en la identificación de los beneficiarios finales, el seguimiento de personas políticamente expuestas y un mayor control sobre las operaciones financieras.
La nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) introduce requisitos adicionales de información y monitoreo para las entidades que intervienen en el mercado de capitales. El objetivo es contar con mayor trazabilidad sobre quiénes son los verdaderos dueños y controlantes de las cuentas y estructuras utilizadas para invertir o canalizar fondos.
En esa línea, se refuerza la obligación de identificar y actualizar datos de los beneficiarios finales, incluso cuando se trate de sociedades, fideicomisos u otras figuras jurídicas. Las entidades deberán profundizar los procedimientos para verificar el origen lícito de los fondos y la estructura de propiedad.
Otro de los ejes es el tratamiento de las personas políticamente expuestas (PEP), es decir, funcionarios, exfuncionarios y personas con roles relevantes en la administración pública o en organismos vinculados al Estado. La resolución apunta a que las operaciones de este grupo queden sujetas a un análisis de riesgo más estricto y a mayores controles internos.
Proveedores de activos virtuales y cheque electrónico
La CNV también incorpora obligaciones específicas para los proveedores de servicios vinculados a activos virtuales, un segmento que gana peso dentro del sistema financiero. Estas empresas deberán adecuar sus políticas de conocimiento del cliente, prevención de lavado de activos y reporte de operaciones inusuales a los estándares del mercado regulado.
En paralelo, la resolución habilita y regula el uso del cheque electrónico como instrumento dentro del mercado de capitales. Con esto, se busca modernizar las herramientas de pago y financiamiento, reducir el uso del papel y facilitar la operatoria a través de canales digitales, manteniendo los controles sobre el circuito de fondos.
Las nuevas exigencias se inscriben en una agenda de mayor transparencia y supervisión sobre las operaciones financieras, en línea con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las entidades deberán ajustar sus sistemas de cumplimiento normativo para evitar sanciones y poder seguir operando con normalidad.
Impacto para inversores y entidades
Si bien el cambio normativo recae principalmente sobre los intermediarios y proveedores de servicios, los inversores también podrían notar efectos prácticos. Es esperable que se les requiera más documentación respaldatoria, mayores detalles sobre la actividad económica y actualizaciones periódicas de sus datos personales y patrimoniales.
Las sociedades de bolsa, agentes y demás participantes del sistema deberán revisar sus manuales internos, capacitar a su personal y adaptar los sistemas tecnológicos para cumplir con la trazabilidad exigida. El desafío será equilibrar mayor control con procesos ágiles que no traben la operatoria cotidiana.
En un contexto de alta sensibilidad frente a los flujos de capital y a los riesgos de informalidad, la CNV busca consolidar un mercado más robusto y alineado con las recomendaciones de los organismos internacionales de supervisión financiera.
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