Desde la implementación de la “Ley de Nietos”, las Oficinas del Registro Civil Consular de España registraron 301.121 solicitudes.
La masiva afluencia de solicitudes para optar a la nacionalidad española llevó al Gobierno de España a extender el plazo un año más. Esto es en virtud de la Ley de Memoria Democrática (“Ley de Nietos”). Este periodo, inicialmente de dos años, se prorrogó por un tercer año debido al alto volumen de peticiones.
Hasta la fecha, concedieron 89.766 nacionalidades españolas a descendientes de exiliados de Latinoamérica. La mayoría son de Argentina y Cuba.
Desde la implementación de la Ley hasta fin de marzo, las Oficinas del Registro Civil Consular recibieron un total de 301.121 solicitudes de nacionalidad española. Según los datos proporcionados por el Gobierno español, 150.002 solicitudes fueron aprobadas y 1.521, rechazadas. De las aprobadas, unas 89.766 ya se han inscrito, según fuentes del Ministerio de Memoria Democrática.
Vale destacar que esta ley -vigente desde octubre de 2022- otorga el derecho a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, abuelos o abuelas fueron originalmente españoles y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencias o de orientación e identidad sexual.
Extensión del plazo según la Ley
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como “Ley de Nietos”, establece un plazo inicial de dos años desde su entrada en vigor, terminando el 22 de octubre de 2024. Sin embargo, esta disposición también permite una prórroga de un año a través del Consejo de Ministros.
En menos de dos años, más del 95% de las solicitudes han sido recibidas en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. En particular, los cinco consulados generales en Argentina representan el 40% de las solicitudes, y junto con el Consulado General en La Habana, superan el 53% del total.
Según el Gobierno de Pedro Sánchez, aún hay solicitantes que no podrán ser atendidos antes de que finalice el plazo inicial de dos años. La prórroga de un año permitirá atender todas las solicitudes de cita pendientes y aquellas que se presenten pero no puedan ser gestionadas en los dos primeros años previstos en la ley.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, calificó la prórroga como una “magnífica noticia”. Dijo que será “aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos”.
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