Santa Fe puso en marcha un sistema de ficha limpia para proveedores y contratistas del Estado. Éste limita el acceso a la obra pública y a las compras oficiales a quienes no tengan antecedentes penales.
La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley la ficha limpia para proveedores y contratistas del Estado provincial. A partir de su entrada en vigencia, la administración pública no podrá contratar personas físicas ni empresas que registren condenas penales firmes.
La nueva normativa alcanza a todas las obras públicas, las compras de bienes y la prestación de servicios que contrata la Provincia. De este modo, se busca elevar los estándares de transparencia y evitar que el Estado cierre acuerdos con firmas o individuos que arrastren causas graves en la Justicia.
Un filtro extra para la contratación pública
Con la ficha limpia para proveedores, cada proceso de contratación deberá verificar previamente la situación penal de los oferentes. Si hay antecedentes incompatibles con la función pública, la administración tendrá la obligación de excluirlos del registro o del proceso licitatorio.
La decisión se inscribe en una serie de medidas que distintos distritos del país impulsan para cerrar el paso a personas condenadas en el manejo de fondos públicos. En Santa Fe, la discusión giró en torno a la necesidad de resguardar el interés de la ciudadanía y cuidar cada peso que sale del presupuesto.
Desde ahora, empresas constructoras, proveedores de insumos y prestadores de servicios que quieran trabajar con el Estado santafesino deberán demostrar no sólo capacidad técnica y económica, sino también antecedentes penales limpios.
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