El gobierno de la provincia de Santa Fe evalúa llevar a la Justicia el reparto de subsidios nacionales al transporte urbano de pasajeros, mientras intendentes del interior advierten que el actual esquema amenaza con un colapso del sistema fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que la provincia analiza avanzar en una estrategia judicial conjunta con otros mandatarios del interior para cuestionar el esquema de subsidios nacionales al transporte. Según advirtió, el actual reparto profundiza las asimetrías con el AMBA y deja a las ciudades del resto del país al borde del desfinanciamiento.
Poletti señaló que la medida se conversó en el ámbito del Consejo Federal de Intendentes, donde distintos jefes municipales comparten la preocupación por el aumento constante de los aportes al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras las jurisdicciones del interior reciben montos muy inferiores y de manera irregular.
El intendente fue especialmente crítico con el Gobierno Nacional al remarcar que los recursos que se destinan para sostener las tarifas de colectivos en el AMBA surgen de los impuestos que también pagan los contribuyentes santafesinos. A su juicio, esto implica que Santa Fe financia un servicio que no utiliza, al tiempo que enfrenta recortes que ponen en riesgo la continuidad del propio sistema.
Preocupación por la sustentabilidad del sistema
En este contexto, los intendentes del interior advierten que, sin una revisión urgente del esquema de subsidios, las empresas de transporte podrían verse obligadas a aplicar fuertes aumentos en el precio del boleto o reducir servicios, con impacto directo en trabajadores, estudiantes y sectores que dependen del colectivo para sus traslados cotidianos.
La discusión por los subsidios al transporte viene escalando desde hace meses, con reclamos reiterados de gobernadores e intendentes fuera del AMBA. El planteo central es que se establezca un criterio más federal y equitativo para la distribución de fondos, de modo que no existan diferencias tan marcadas entre lo que paga un pasajero en Buenos Aires y lo que abonan los usuarios en ciudades como Santa Fe, Rosario u otros centros urbanos del país.
Mientras tanto, las autoridades provinciales y municipales buscan alternativas para evitar que el sistema de transporte público entre en crisis. En la mesa de análisis aparecen opciones como reforzar los aportes locales, rediseñar recorridos y revisar contratos con las empresas, aunque los propios funcionarios admiten que, sin una mayor participación nacional, el margen de maniobra es cada vez más acotado.
La posibilidad de judicializar el tema se presenta así como una herramienta extrema, pensada para forzar una discusión institucional más amplia sobre el rol del Estado nacional en el financiamiento del transporte y las obligaciones que tiene frente a las provincias y municipios del interior.
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