El Estado nacional podría terminar pagando honorarios millonarios a los abogados de Cristina Kirchner, en un escollo judicial que se originó en la causa Vialidad y que ahora quedó en manos de la Corte Suprema.
Mientras la Justicia todavía no le decomisó ni un peso a la ex presidenta en los expedientes por corrupción, un juicio civil vinculado a la causa Vialidad terminó en un revés para el Estado. La administración pública dejó caer una demanda y ahora enfrenta el pago de cerca de US$ 10 millones en honorarios profesionales. De trata de 12 defensores que exigen cobrar $13.600 millones en honorarios ante la Corte Suprema.
El revés judicial por la causa Vialidad
El conflicto surge de la discusión sobre el supuesto direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner. En paralelo al fuero penal, el Estado impulsó un reclamo civil que, por falta de impulso procesal a lo largo de los años, terminó perdiendo.
Ese traspié abrió la puerta a que los abogados de la ex presidenta reclamen una suma multimillonaria por su intervención en la defensa. El monto de los honorarios, fijado en dólares, vuelve a poner bajo la lupa la estrategia jurídica del Estado en las causas de corrupción.
Qué deberá definir ahora la Corte Suprema
La definición final sobre estos honorarios de los abogados de Cristina Kirchner está ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si convalida o no la condena al Estado. Su fallo marcará un precedente clave sobre cómo se calculan y pagan los honorarios en litigios de alto impacto político.
Más allá del resultado, el caso vuelve a tensionar la relación entre la dirigencia política, la Justicia federal y la opinión pública en torno al uso de fondos públicos para afrontar los costos de la defensa en causas de corrupción.
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