Este martes, tras la audiencia imputativa por los homicidios a los trabajadores ocurrido en marzo de 2024, los fiscales de la causa dieron detalles de los hechos e informaron que la orden de matar a Bruno Bussanich fue por un preso en videollamada desde la cárcel.
Tras un año de minuciosa investigación por el homicidio de los trabajadores, con declaraciones clave de un testigo de identidad reservada y pruebas fundamentales, los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta brindaron una conferencia en la que confirmaron la imputación y detención de todos los involucrados en los crímenes. Además, las autoridades informaron que un preso ordenó el crimen de Bruno Bussanich a través de una videollamada desde la cárcel.
En un golpe directo a la estructura criminal detrás de la escalofriante serie de homicidios y ataques que sembraron el caos en Rosario en marzo de 2024, la Justicia dictó prisión preventiva efectiva para tres individuos clave: Johana Soledad Albornoz, Alejandro Victoriano Cantero y Maximiliano Ezequiel González.
La investigación revela una macabra trama de asesinatos por encargo, intimidación pública y coacciones dirigidas incluso a las más altas autoridades provinciales.
Audiencia imputativa
Tras una extensa audiencia imputativa celebrada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Saldutti y Spelta lograron un contundente avance judicial. El juez de primera instancia Dr. Pérez de Urrechu formalizó las imputaciones y ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley. Los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en los homicidios de Héctor Raúl Figueroa, Diego Celentano y Bruno Bussanich y en el intento de asesinato de un chofer de la línea 122.
La declaración de un menor testigo, cuya identidad se mantiene protegida, fue clave. A través de una cámara Gesell y pruebas acumuladas durante meses, se logró establecer la cadena de mando de una organización criminal con nexos en el sistema penitenciario.
A Johana Soledad Albornoz se le imputa homicidio doblemente calificado, intimidación pública y coacciones agravadas, con participación de menores. Cantero y González enfrentan cargos similares, además de tentativa de homicidio en el caso del colectivero de la línea 122.
La fiscalía sostiene que la motivación de los crímenes fue una represalia por las nuevas medidas adoptadas dentro del régimen penitenciario.
Los hechos no fueron aislados: durante una semana, grupos delictivos atacaron de manera perfectamente sincronizada el norte y sur de Rosario, dirigiendo sus acciones contra trabajadores esenciales y servicios públicos. Estos ataques reflejan una estrategia coordinada que generó un clima de tensión en la ciudad.
El cierre de la audiencia dejó una conclusión contundente: todos los autores identificables hasta el momento están detenidos. “Con esta audiencia, creemos que no quedan más personas vinculadas directamente a los cuatro hechos investigados”, afirmó el fiscal Spelta. Sin embargo, aclaró que restan pericias telefónicas y análisis para afianzar la acusación final.
Con más de 15 detenidos, la fiscalía se encamina hacia un juicio de dimensiones históricas. La caída de esta red criminal representa no solo un paso clave hacia la justicia para las víctimas, sino también una señal firme del Estado frente al crimen organizado. La investigación continúa.
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