La Cámara Federal de Córdoba falló a favor de la madre de Melín Agustina Sartori, quien falleció en 2021 a los 24 años. Los magistrados determinaron que el deceso se produjo por una trombosis desencadenada tras recibir la primera dosis del fármaco ruso.
Un trascendental fallo judicial responsabilizó directamente al Estado nacional por las consecuencias fatales derivadas de la campaña de inmunización contra el coronavirus. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba validó la presentación impulsada por María Virginia Ruiz. Por consiguiente, los magistrados intervinientes ratificaron que el fallecimiento de una ciudadana de veinticuatro años de edad derivó de una reacción adversa al fármaco.
Cuadro clínico y dictamen de los magistrados
Con respecto a los hechos cronológicos, la damnificada Melín Agustina Sartori recibió la primera dosis del componente de origen ruso el quince de julio de dos mil veintiuno. Apenas seis jornadas después de la inoculación, la paciente manifestó un cuadro severo de cefaleas crónicas y vómitos reiterados. Debido a esto, los médicos constataron una trombosis con trombocitopenia que generó un daño neurológico irreversible y causó su muerte a fines de ese mes.
En este sentido, los jueces Eduardo Avalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro firmaron la resolución basándose en la total ausencia de patologías previas de la joven. Las autoridades ordenaron al Ministerio de Salud de la Nación abonar una compensación económica equivalente a doscientos cuarenta haberes mínimos jubilatorios. Por lo tanto, la cartera estatal deberá desembolsar una cifra aproximada a los noventa y cinco millones de pesos argentinos en un plazo perentorio de treinta días.
Antecedentes legales y fondo de reparación
Por otra parte, el representante técnico de la familia, Martín Barbará, calificó el procedimiento como un acontecimiento jurisprudencial totalmente novedoso en el país. El letrado puntualizó que la fórmula provista por el laboratorio extranjero, denominada Sputnik V, carecía de un sistema eficiente de farmacovigilancia continua durante su distribución. De igual modo, este dictamen representa la primera condena indemnizatoria contra la administración pública por los efectos perjudiciales de los insumos sanitarios.
Asimismo, los funcionarios judiciales exigieron acelerar las etapas del fondo de reparación contemplado formalmente dentro de la normativa legal vigente número veintisiete mil quinientos setenta y tres. El entorno de la víctima administraba un comercio de elaboración de pastas artesanales al momento del trágico suceso. Actualmente, la resolución sienta un precedente crucial para otros damnificados que impulsan reclamos similares en las distintas provincias.
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