La discusión por la llamada ley “antitrapitos” sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que el socialismo impulsara un cambio de agenda que corrió la sanción definitiva que reclamaban el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El movimiento del socialismo y el nuevo proyecto
El ingreso de una iniciativa de la diputada socialista Cattalini abrió una vía alternativa en el debate. El proyecto plantea convocar a intendentes y presidentes comunales de la provincia para reunir información de primera mano sobre la situación de los cuidacoches informales y el impacto que podría tener la ley en cada localidad.
Con esa jugada, el socialismo logró enfriar los tiempos de la Cámara baja y desplazar, al menos por ahora, la expectativa de una aprobación inmediata de la norma tal como había sido impulsada desde la Casa Gris y el Palacio de los Leones.
La propuesta de Cattalini no desconoce la necesidad de regular la actividad, pero pone el foco en escuchar a los gobiernos locales antes de avanzar con una herramienta penal de alcance provincial que pueda generar conflictos en el territorio.
La ley pedida por Pullaro y Javkin, otra vez en pausa
La ley conocida como “antitrapitos” surge de un reclamo sostenido del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin, quienes vienen planteando la necesidad de mayores herramientas para ordenar el espacio público y responder a denuncias vecinales por coacción o cobros indebidos en el estacionamiento.
Sin embargo, la decisión del socialismo de abrir una ronda de consultas con intendentes implica que la sanción definitiva volverá a postergarse. El oficialismo deberá ahora negociar tiempos y contenidos de la norma con un bloque clave en la arquitectura política santafesina.
En el plano político, el movimiento deja en evidencia las tensiones dentro de la coalición gobernante y la voluntad del socialismo de marcar matices propios en temas sensibles para la seguridad y la convivencia urbana.
Un debate que atraviesa a las ciudades santafesinas
El funcionamiento de los cuidacoches, o “trapitos”, no es un fenómeno exclusivo de Rosario. Se repite en distintas ciudades de la provincia, con realidades diversas: desde grupos organizados hasta personas que encuentran allí su único ingreso en contextos de alta informalidad laboral.
En ese marco, la convocatoria a intendentes que propone el socialismo apunta a unificar criterios y evitar que la ley provincial choque con ordenanzas locales o genere vacíos que terminen siendo difíciles de administrar en la calle.
Mientras tanto, el oficialismo provincial insiste en que la norma resulta necesaria para respaldar la actuación policial y judicial frente a situaciones de apriete o violencia vinculadas al cobro de estacionamiento en la vía pública.
Con el nuevo proyecto en marcha, el futuro de la ley “antitrapitos” seguirá en el centro de la escena legislativa santafesina, en un equilibrio permanente entre seguridad, orden urbano y contención social.
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