La guerra contra las pandillas en El Salvador ha sido un tema polémico, ya que aunque ha logrado reducir la tasa de criminalidad en el país, también ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos y el uso de medidas extremas por parte del gobierno.
El gobierno de El Salvador declaró un estado de emergencia hace un año para combatir la violencia de las pandillas. La estrategia ha incluido desplegar las fuerzas militares en las calles, lo que ha llevado a la detención de más de 65.000 personas, incluidos niños de hasta 12 años. Sin embargo, ha habido informes de arrestos masivos arbitrarios, hacinamiento extremo en las cárceles y reportes de torturas por parte de los guardias.
Aunque la estrategia ha logrado reducir la cantidad de homicidios y extorsiones, también ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos y el uso de medidas extremas por parte del gobierno salvadoreño, que ha duplicado la población carcelaria total. Más de 5.000 personas sin vínculos con las pandillas fueron apresados, y eventualmente liberados. Al menos 90 personas murieron bajo custodia, declaró el gobierno.
“Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quieren que se extienda, y los únicos que se quejan son los activistas que no saben qué ocurre en el país y la oposición política”. Así de tajante se muestra el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Que destaca el estar ganando la guerra contra las pandillas “sin derramamiento de sangre” y niega que las fuerzas del orden estén deteniendo a ciudadanos solo por tener tatuajes o por una llamada anónima.
Christine Wade, una experta en El Salvador del Washington College en Maryland, se muestra pesimista sobre las consecuencias que esto podría tener para la democracia en la región, y menciona el riesgo de que otros políticos sigan el ejemplo de El Salvador y ofrezcan más seguridad a cambio de renunciar a algunos derechos.
El gobierno de El Salvador sostiene que el estado de excepción es una medida temporaria y que en una operación que ha llevado a la cárcel a más de 65.000 personas puede haber gente detenida por error, pero asegura que existen garantías institucionales y que muchos han sido liberados. La reducción de la tasa de criminalidad en El Salvador es un logro importante, que no debe ser opacado por comprometer los derechos humanos y las garantías jurídicas.
En cuanto a las consecuencias en América Latina de la llegada de pandilleros que huyen de El Salvador por la guerra contra las maras, es importante que estos países vecinos colaboren con El Salvador para evitar que los pandilleros escapen hacia otros países.
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