El Gobierno nacional puso en marcha una nueva instancia de coordinación para blindar los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado, en un contexto de fuerte apuesta oficial a la llegada de capitales estratégicos.
La creación de la mesa especial fue formalizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de articular esfuerzos entre distintas áreas del Estado para prevenir delitos vinculados a las futuras inversiones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El foco estará puesto en operaciones asociadas al narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de economías ilícitas.
Desde el Poder Ejecutivo se remarcó que los proyectos que se encuadren en el régimen de grandes inversiones pueden convertirse en un terreno fértil para el lavado de activos y esquemas de corrupción, si no se refuerzan los mecanismos de control y trazabilidad de los fondos. Por eso se buscará sumar información de organismos de seguridad, control financiero y áreas económicas.
La mesa especial tendrá como prioridad identificar de manera temprana posibles infiltraciones de capitales de origen ilícito en emprendimientos vinculados a sectores considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran proyectos de infraestructura, energía, minería y otras actividades que movilizan montos significativos de inversión.
Coordinación contra el crimen organizado
El dispositivo diseñado por el Ministerio de Seguridad apunta a mejorar el intercambio de datos entre fuerzas federales, áreas de investigación criminal y organismos especializados en delitos económicos. La idea es que, ante cualquier señal de alerta, se pueda actuar de forma rápida y coordinada sobre personas físicas, empresas o estructuras que intenten utilizar el RIGI para fines ilegales.
En ese marco, el Gobierno advirtió que el avance de organizaciones narcocriminales y redes de crimen transnacional obliga a reforzar los controles sobre las inversiones que se consideren estratégicas para el país. El diagnóstico oficial sostiene que estas organizaciones buscan diversificar sus negocios e incrustarse en circuitos legales para ocultar el origen de sus ganancias.
La mesa especial también trabajará en protocolos para reducir el riesgo de que actores ligados a economías ilícitas accedan a contratos estatales, obras o concesiones vinculadas al RIGI. El objetivo político es sostener el discurso de apertura a inversiones, pero con un esquema que intente minimizar las ventanas de oportunidad para el delito complejo.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar una señal tanto al mercado como al sistema de seguridad: mientras promueve un marco de incentivos para proyectos de gran porte, procura a la vez reforzar los mecanismos de prevención y control para evitar que el lavado de dinero y la corrupción se filtren en el nuevo esquema.
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