El Gobierno nacional anunció que apelará ante la Corte Suprema para intentar mantener en manos de la Dirección Nacional de Migraciones la tramitación y entrega de las ciudadanías, luego de un fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró inconstitucional un decreto clave del presidente Javier Milei.
La discusión se centra en quién debe manejar el trámite de ciudadanía y la eventual entrega de cartas de ciudadanía: si el fuero judicial o el Poder Ejecutivo a través de Migraciones. El oficialismo busca que la Corte revise la decisión de la Cámara Nacional Electoral, que dejó sin efecto un decreto de Milei y marcó límites a la intervención del Gobierno en ese proceso.
Choque institucional por el control de las ciudadanías
Con la apelación, el Ejecutivo procura sostener la competencia de Migraciones y evitar que el trámite quede exclusivamente bajo la órbita de los jueces electorales. En los despachos oficiales admiten que un cambio de criterio impactaría en la organización de los procedimientos y en la cantidad de expedientes en curso.
Desde sectores críticos remarcan que la decisión de la Cámara apuntó a preservar la división de poderes y evitar que un decreto modifique aspectos sensibles del régimen de ciudadanía. Ahora será la Corte Suprema la que defina el alcance del decreto y el rol de Migraciones en estas gestiones.
Mientras se espera la resolución del máximo tribunal, en el Gobierno insisten en que la intervención de Migraciones garantiza mayor coordinación administrativa y un seguimiento más ágil de los pedidos de ciudadanía.
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