El Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,9% en los aranceles de las prestaciones por discapacidad, una medida que impacta en todo el sistema de atención integral y busca acompañar la suba de costos del sector.
La suba del 2,9% fue oficializada este lunes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. El incremento alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema de atención integral para personas con discapacidad, tanto en el ámbito ambulatorio como en instituciones y servicios de apoyo.
Según la norma, la actualización se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de acompañar, al menos de manera parcial, la evolución de la inflación y los mayores costos que afrontan prestadores, instituciones y profesionales.
El esquema mantiene además el adicional por zona desfavorable, un ítem clave para garantizar la continuidad de los servicios en regiones donde los costos operativos son más elevados y la oferta de atención suele ser más limitada.
Alcance del aumento en el sistema de atención integral
La actualización impacta sobre el conjunto de prestaciones cubiertas por el sistema de discapacidad, que incluye terapias de rehabilitación, acompañamiento terapéutico, centros de día, transporte adaptado y diversas modalidades de apoyo escolar y social, entre otros servicios.
De esta manera, el Gobierno busca sostener la red de atención que se articula entre el sector público, obras sociales, prepagas y otros financiadores, en un contexto de fuerte tensión entre los costos de funcionamiento y los valores reconocidos por las prestaciones.
La decisión se da en medio de reclamos reiterados de familias, entidades y prestadores, que advierten desde hace meses sobre las dificultades para sostener equipos profesionales, estructuras edilicias y servicios especializados si los aranceles no acompañan la escalada inflacionaria.
El incremento del 2,9% se suma a anteriores ajustes que también se definieron tomando como referencia el IPC, una fórmula que apunta a darle previsibilidad al sector, aunque las organizaciones advierten que las subas muchas veces resultan insuficientes frente al encarecimiento de insumos, tarifas y salarios.
En paralelo, distintos actores del sistema insisten en la necesidad de mejorar los plazos de pago y fortalecer los mecanismos de control, para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes brindan la atención y evitar la interrupción de tratamientos esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
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