La Cámara de Diputados debate un proyecto contra el acoso por morosidad que aplica multas millonarias a quienes ejerzan presiones indebidas. La iniciativa santafesina busca sancionar a las agencias que intimiden a los deudores y a sus familiares.
Un plan legislativo comenzó su debate en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe para frenar los abusos en los cobros extrajudiciales. La propuesta busca proteger a los ciudadanos ante el incremento del endeudamiento y la morosidad en Rosario. De este modo, la iniciativa prevé sanciones económicas de hasta 2.615 millones de pesos para quienes ejerzan hostigamiento o violencia económica.
Restricciones para los cobradores y límites de contacto
El diputado provincial Germán Scavuzzo, perteneciente a la Unión Cívica Radical, detalló los alcances del proyecto impulsado por el bloque Unidos. La normativa fijará pautas para restringir los reclamos telefónicos, autorizando un máximo de dos llamadas semanales y un correo electrónico diario. Asimismo, los gestores tendrán prohibido comunicarse entre las 20 y las 9 de la mañana siguiente para resguardar la privacidad.
Por otro lado, la ley impedirá contactar a familiares, amigos, empleadores o vecinos para exigir el pago de las obligaciones vigentes. La única excepción aplicará cuando estas personas figuren formalmente como garantes del préstamo. Además, los cobradores no podrán utilizar lenguaje intimidatorio, simular notificaciones del Poder Judicial ni amenazar con embargos no dictados por jueces.
Identificación de agentes y protección especial
Por esta razón, la iniciativa exigirá la creación de un registro para identificar a las agencias, estudios jurídicos o gestores a cargo de los reclamos. Igualmente, el texto establece la responsabilidad solidaria de billeteras virtuales, entidades financieras y empresas de servicios públicos ante las infracciones registradas. El legislador remarcó que las notificaciones iniciales deberán detallar el capital original reclamado y los intereses aplicados.
El esquema de castigos contempla desde apercibimientos y clausuras temporales de 30 días hasta la suspensión del registro de proveedores estatales por 5 años. Finalmente, el proyecto otorga un amparo reforzado a los consumidores hipervulnerables de la provincia. Esta categoría incluye a jubilados, personas con discapacidad, beneficiarios de programas sociales y adultos mayores de 70 años.
Comentarios