Desmienten Plan de Inteligencia Nacional para espionaje interno

El Gobierno desmintió la creación de un Plan de Inteligencia Nacional para realizar espionaje interno. “Es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores”, destacaron.

El Gobierno desmintió las versiones que circularon acerca de que la Secretaría de Inteligencia Nacional del Estado (SIDE) había aprobado la creación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) para realizar espionaje interno. Según se dijo, se investigaría a quienes buscaran “erosionar” la confianza de la opinión públicao que generan “pérdida de confianza” en el plan económico.

Al respecto, a través de un comunicado oficial, destacaron que “es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. En esta línea, el texto aclara que el presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional. Considera que ha sido “destruido” por administraciones anteriores.

Desmienten Plan de Inteligencia Nacional para espionaje interno

Sobre las versiones que circularon en medios sobre el Plan de Inteligencia Nacional, el Gobierno dijo que se trata de un “documento secreto”. El objetivo, aclararon, es establecer “los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de Argentina”. Además, aseguraron que solamente tienen acceso a esta información el presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso.

Este documento, de acuerdo a lo que difundió un medio nacional, tiene ciento setenta páginas. Habilita a recabar información sobre quienes pueden “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas.

Desarrollado por la cúpula de SIDE, el plan podría ampliar el alcance de los objetivo inteligencia hacia periodistas, economistas, académicos. Asimismo, a cualquier actor que cuestione decisiones del Gobierno.