Hoy comienza el esperado juicio contra Delfín Zacarías, miembros de su familia y allegados, quienes enfrentan acusaciones de lavado de activos en el ámbito de la justicia federal.
Este caso surge como un desprendimiento de la investigación principal por narcotráfico, donde el líder de la organización ya fue condenado a 16 años de prisión.
El debate se llevará a cabo de manera oral y pública, bajo la jurisdicción del Tribunal Oral Federal 1, presidido por los magistrados Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider. Encabezando la acusación estará el fiscal Federico Reynares Solari, quien estima que las maniobras delictivas implicaron un monto aproximado de 600 millones de pesos.
El concejal Marcelo Remondino -quien presentó la denuncia en este caso- relató que hace dos años, desde el concejo de la ciudad de San Lorenzo, solicitaron a la justicia el decomiso de los bienes involucrados. Entre las peticiones realizadas se incluía la cesión de un edificio, donde se planeaba construir un polideportivo, a una escuela técnica, así como el uso de una casa en proceso de construcción por parte de la hija de Zacarías para instalar un centro de tratamiento de adicciones.
La construcción de un polideportivo o gimnasio en tres terrenos ubicados en Congresoy dos en Vélez Sarsfield s/n, en la localidad de San Lorenzo, fue el punto de partida de esta investigación por lavado de activos. Dicha obra no contaba con los permisos correspondientes para ser realizada en ese lugar, sin embargo, se logró una excepción urbana otorgada por el Concejo Deliberante.
Se descubrió que los terrenos habían sido transferidos a personas relacionadas con la venta de drogas, y posteriormente, el nombre de Zacarías apareció en la investigación. El concejal Remondino aseguró: “Pude rastrear las titularidades y descubrí que el 50 por ciento de la propiedad estaba a nombre de Flavia Zacarías, donde se levantó una megaobra de 6 mil metros cuadrados”.
Sin embargo, ahí no terminó la historia. La excepción concedida por el concejo para llevar a cabo la construcción implicaba la realización de algunas obras adicionales, incluyendo la instalación de juegos en una plaza. Mediante una ordenanza, se designó a la hija de Zacarías como madrina del espacio verde.
Remondino denunció haber sufrido dos ataques con bombas molotov, uno de los cuales incendió su camioneta. Durante su mandato en la Legislatura, estuvo relacionado con este tema y, aproximadamente hace dos años, impulsó desde el concejo el decomiso de dichos bienes. Se solicitó a la justicia que el polideportivo sea entregado a una escuela técnica de la zona, la cual requiere una infraestructura adecuada para ampliar y mejorar la educación de los jóvenes. Un espacio mejorado permitiría la implementación de talleres de oficios necesarios en el área industrial.
En relación a esto, recordó que una de las construcciones incumplió la obligación de dejar una distancia de tres metros desde la medianera. La autoridad encargada de controlar esta cuestión recomendó la demolición de lo construido, pero sus sugerencias fueron ignoradas y se le impuso una multa de 50 mil pesos, que debía pagarse mediante depósito. El legislador local afirmó que Zacarías se presentó en la municipalidad con una caja de zapatos y trató de pagar la multa con billetes de 2, 5 y 10 pesos. A pesar de que la empleada le explicó que debía efectuar el pago por depósito, Zacarías se retiró, pero regresó más tarde exigiendo que se le cobrara la multa en efectivo.
Además, Remondino informó que se solicitó que la casa en construcción de Flavia Zacarías sea entregada al Estado para crear un espacio de rehabilitación para personas con adicciones.
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