Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, busca reformar la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y restructurar sus funciones.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, impulsa una reforma profunda en la estructura y el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA). El objetivo es convertirla en una suerte de FBI argentino. La propuesta, contenida en un proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la fuerza (Ley 21.965), habilita a la PFA a realizar tareas de inteligencia criminal y vigilancia en redes sociales sin necesidad de autorización judicial. Esta propuesta ya despertó reparos y cuestionamientos en distintos sectores.
El borrador del proyecto plantea que la PFA tenga como misión central la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, y que asuma un rol protagónico en la desarticulación de organizaciones criminales. Para ello, se prevé la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Tendría áreas específicas dedicadas a narcotráfico, investigaciones federales y agencias regionales.
El rediseño también contempla un crecimiento sostenido en la dotación de personal: un incremento proyectado del 10% anual en los efectivos desplegados en el interior del país.
Bullrich pretende restructurar la Policía Federal Argentina: los principales puntos
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el que habilita a la PFA a “realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”. Esto se llevaría a cabo sin necesidad de una autorización judicial previa. Aunque el texto aclara que estas acciones deberán respetar derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión, desde las fuerzas advierten sobre el riesgo de discrecionalidad y posibles abusos.
Otro aspecto sensible del borrador es la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial cuando existan “circunstancias debidamente fundadas“. Éstas serían aquellas que hagan presumir la comisión de un delito, en caso de que la persona involucrada no pueda acreditar su identidad. En esos casos, se prevé que el individuo sea demorado “por el tiempo mínimo necesario” para establecer su identificación y se notifique al juez de turno.
Inteligencia criminal en el centro del esquema
El proyecto también refuerza el rol de la inteligencia criminal dentro de la Policía Federal Argentina. Varios artículos establecen que la fuerza podrá recolectar, sistematizar y analizar información vinculada a delitos o amenazas a la seguridad interior. Estas facultades estarán enmarcadas en la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520); no obstante, el texto no detalla mecanismos claros de control o supervisión externa.
Además, se faculta a la Policía Federal a registrar y calificar personas que desarrollen actividades vinculadas a delitos, sin precisar demasiado los alcances o límites de esa calificación.
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