Un reciente decreto provincial trajo preocupación entre los magistrados del Poder Judicial, quienes advierten sobre un posible debilitamiento del sistema y una mayor politización en el proceso de selección.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe mostró su preocupación ante un decreto provincial emitido a finales de mayo que modifica las reglas de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial. La nueva normativa introduce cambios en la forma en que se llevan a cabo los concursos, alterando tanto la composición del cuerpo examinador como el proceso de evaluación y selección.
Los cambios
El decreto 659/2024 establece un nuevo régimen de selección para cubrir cargos en el Poder Judicial, modificando la composición del cuerpo examinador, el rango de los resultados, el contenido de los exámenes de oposición y la conformación de la propuesta al Poder Ejecutivo, entre otros puntos. Según el Colegio de Magistrados, estos cambios podrían comprometer la independencia judicial y la autonomía funcional de los órganos del sistema penal.
El documento emitido por el Colegio de Magistrados destaca que, aunque el recorrido de disposiciones legales y reglamentarias mencionado en el decreto es preciso, no se enfatiza adecuadamente la implicancia directa que el sistema de selección tiene en la preservación de la independencia judicial y la autonomía funcional del Poder Judicial.
La reglamentación actual, aunque no prevista ni constitucional ni legalmente, busca proteger el sistema de selección, priorizando los desempeños en las pruebas de oposición y entrevistas. Sin embargo, el decreto 659/2024 no aborda suficientemente cómo sus cambios afectarán la independencia judicial en la provincia, según informan.
Preocupación por la politización
El Colegio de Magistrados alerta que la eliminación del orden de mérito en la confección de las listas de candidatos evaluados podría llevar a una mayor politización del proceso de selección y un debilitamiento del sistema. La facultad del gobernador de elegir entre los postulantes inscritos para un concurso, incluso si éste se encuentra paralizado por más de 90 días y sin haber realizado las pruebas de oposición y entrevistas, es otra fuente de preocupación.
Al perderse la referencia objetiva al orden de méritos, se corre el riesgo de que la elección gubernamental se vea influenciada por criterios discrecionales, afectando la futura independencia judicial de los postulantes. Además, el decreto excluye la intervención del Colegio de Magistrados en los procesos de selección de fiscales y defensores que dependen del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPPDP). Es por ello que solicitaron ser incluidos como un estamento más en los jurados que evaluarán a los eventuales postulantes para estos concursos.
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