La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró una causa ambiental contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta, al considerar que no se acreditaron pruebas concretas de daño ni contaminación interprovincial atribuible a las compañías señaladas.
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), que había impulsado una demanda colectiva contra varias empresas del sector hidrocarburífero por presuntos daños ambientales derivados de la explotación en Vaca Muerta.
Según la resolución, los magistrados entendieron que la organización no logró demostrar la existencia de hechos específicos que probaran un daño ambiental concreto ni una afectación que trascendiera los límites de una provincia para impactar en otra jurisdicción.
El máximo tribunal hizo foco en que, para avanzar con una causa de este tipo, es necesario acreditar no solo la potencialidad de un riesgo, sino también la presencia de evidencia técnica que vincule de manera directa la actividad de las empresas con un perjuicio ambiental determinado.
El rol de ASSUPA y el debate ambiental en Vaca Muerta
ASSUPA se presentó como representante de propietarios y superficiarios de la Patagonia que cuestionan el impacto de la explotación no convencional en la región. En su planteo, la asociación había reclamado medidas para limitar o revisar la operatoria de las petroleras en el yacimiento.
Vaca Muerta, ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de producción de gas y petróleo no convencional del país. Su desarrollo generó, en paralelo, un intenso debate en torno a los controles ambientales y la responsabilidad de las compañías en el territorio.
En esta oportunidad, sin embargo, la Corte subrayó que el expediente no contenía elementos suficientes para acreditar contaminación interprovincial, un requisito clave para que el máximo tribunal asuma competencia directa en materia ambiental.
Alcances del cierre de la causa
Con la desestimación de la demanda, las empresas cuestionadas quedan liberadas de este proceso en particular, aunque la discusión sobre el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta continuará abierta en otros ámbitos institucionales y técnicos.
El fallo deja en claro que, para que este tipo de planteos prospere ante la Corte Suprema, las organizaciones deberán acompañar informes, mediciones y peritajes que prueben con precisión los efectos de la actividad productiva sobre el ambiente y sobre más de una jurisdicción provincial.
Mientras tanto, el desarrollo de Vaca Muerta sigue siendo considerado estratégico para la política energética nacional, en un escenario donde se cruzan los intereses económicos, las demandas de las provincias productoras y los reclamos de grupos ambientalistas y comunidades locales.
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