Un suboficial de la brigada motorizada de Rosario fue sentenciado por la Justicia tras comprobarse que cobró coimas para favorecer el accionar de una banda narco que operaba en la zona norte de la ciudad.
El involucrado es Dylan Ezequiel Pérez, suboficial de la brigada motorizada, quien recibió una condena a 3 años de prisión efectiva, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 4 millones de pesos. La resolución judicial considera probado que utilizó su condición de policía para beneficiar económicamente a una organización narcocriminal.
Según la acusación, Pérez aprovechó su rol operativo en la zona norte de Rosario para cobrar coimas a cambio de proteger movimientos y actividades vinculadas al narcomenudeo. De esta manera, interfería en controles y procedimientos que podían afectar a la banda, garantizando cierta impunidad a cambio de dinero.
El tribunal valoró como agravante que el condenado formaba parte de una fuerza que tiene entre sus funciones principales el patrullaje preventivo y la respuesta rápida ante hechos delictivos. En lugar de eso, desvió su tarea para beneficiar intereses ilegales y corromper la función policial, en un contexto donde Rosario enfrenta una fuerte violencia asociada al narcotráfico.
Un fallo con impacto en la fuerza policial
La condena marca un nuevo antecedente en causas donde se investiga la connivencia entre agentes de seguridad y estructuras narco en la ciudad. La inhabilitación perpetua implica que Pérez no podrá volver a desempeñar funciones en organismos estatales, ni portar legalmente un arma de fuego en el marco de una fuerza pública.
Además de la prisión, la multa económica de 4 millones de pesos busca afectar el beneficio patrimonial obtenido mediante los pagos ilegales. El monto fijado apunta a desalentar conductas similares y remarcar que el uso del uniforme para negocios privados constituye una falta grave que tendrá consecuencias penales y económicas.
El caso se suma a otros procesos recientes contra policías investigados por extorsión, encubrimiento o colaboración con bandas criminales. Para las autoridades judiciales y políticas, estas causas son clave para intentar recomponer la confianza pública en la fuerza, en medio de reclamos sociales por mayor seguridad y transparencia institucional.
Control interno y desafío contra la corrupción
La sentencia también reaviva el debate sobre los mecanismos de control interno dentro de la policía. Organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad insisten en la necesidad de fortalecer auditorías, protocolos de actuación y sistemas de denuncias protegidas para detectar a tiempo vínculos entre efectivos y organizaciones delictivas.
En paralelo, distintos sectores remarcan que el avance sobre los eslabones policiales involucrados con el narcotráfico debe ir acompañado por investigaciones sobre estructuras económicas y financieras que sostienen estas bandas. El fallo contra Dylan Ezequiel Pérez se inscribe en ese escenario, donde cada condena suma presión para desarmar la trama de complicidades que sostiene el negocio narco en Rosario y su zona de influencia.
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