Entidades de discapacidad de toda la provincia advirtieron que los servicios que sostienen a miles de personas están en riesgo y reclamaron al gobernador Maximiliano Pullaro un apoyo concreto y urgente.
Instituciones, transportistas, profesionales y familias del sector de la discapacidad denunciaron que, sin una intervención provincial más fuerte, muchos dispositivos podrían cerrar en el corto plazo.
El reclamo apunta a la falta de respuestas de la Nación en materia de pagos y actualización de aranceles, lo que deja a centros de día, escuelas especiales, servicios de apoyo y traslados en una situación crítica.
Falta de fondos y temor por el cierre de servicios
Desde las organizaciones advirtieron que ya hay demoras prolongadas en los cobros y que los costos de funcionamiento, alquileres y salarios aumentaron muy por encima de los ingresos que perciben.
En ese contexto, pidieron que la provincia de Santa Fe asuma un rol más activo: que acompañe económicamente a los dispositivos, gestione ante el gobierno nacional y genere instancias de diálogo formales para evitar el quiebre del sistema.
Las familias remarcan que el cierre de servicios de discapacidad no solo implica la pérdida de tratamientos y apoyos básicos, sino también la ruptura de redes de contención construidas durante años.
Mientras esperan respuestas, las entidades no descartan profundizar las medidas de visibilización y sostienen que la continuidad de la atención a personas con discapacidad debe ser una prioridad de política pública en Santa Fe.
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