El Gobierno reglamentó la ley 27.709 -conocida como Ley Lucio- que establece el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta legislación de carácter continuo, permanente y obligatorio tiene como objetivo brindar formación a las personas que trabajan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
La ley fue aprobada tras el trágico asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que sufrió una brutal golpiza por parte de su madre y su pareja. En respuesta a este caso, el presidente Alberto Fernández junto con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz publicaron la reglamentación correspondiente en el Boletín Oficial mediante el decreto 360/2023.
Según la norma, la Secretaría de Niñez, Adolescente y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social, actuará como Autoridad de Aplicación de la Ley y estará facultada para establecer acuerdos y convenios con los organismos y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional. Estos convenios de capacitación también podrán extenderse a las administraciones provinciales y municipales, así como a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, que formen parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La ley también busca proteger a los denunciantes en casos de posible vulneración, garantizando la reserva de su identidad y la protección de su integridad. Además, establece el deber de comunicar cualquier vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar denuncias por parte de los funcionarios públicos, en línea con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Abuso en la Infancia.
La Senaf llevará a cabo un relevamiento de los mecanismos existentes en cada jurisdicción para salvaguardar la identidad y protección de los denunciantes, tanto en ámbitos administrativos como judiciales. A partir de este relevamiento, se impulsará la implementación de herramientas adecuadas en los ámbitos correspondientes de la Administración Pública Nacional que aún no cuenten con dichos mecanismos.
Asimismo, la ley establece la realización de campañas anuales de concientización sobre la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a cargo de la Senaf, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad.
