Bajó del puesto 94 al 98 en un año. Desde 2019 descendió 32 lugares. Obtuvo solo 37 puntos.
Durante 2023, el último año de la gestión de Alberto Fernández, Argentina descendió 4 lugares en el ranking de la ONG Transparencia Internacional (TI) que mide la percepción de la corrupción en 180 países. Argentina pasó del puesto 94 al 98. Obtuvo solo 37 puntos en una tabla donde 100 es el máximo para los países más transparentes y 0 para los más corruptos.
Comparte lugar con Bielorusia, Albania, Etiopía, Gambia y Zambia. Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, nuestro país está debajo de la media global de 43 puntos. Hay un punto de diferencia especto de 2022.
“Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción. No se han realizado esfuerzos significativos en esta materia en los últimos años. Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el poder judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país”, dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.
La nueva gestión
“Las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el recientemente asumido presidente carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción; un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía”, dijo Secchi sobre el nuevo gobierno de Javier Milei.
“La mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público” durante 2023, según el informe. Desde hace 12 años que no hay grandes variaciones en el promedio global del IPC. “Esto indica que existen graves problemas de corrupción a nivel del planeta”, advierten.
Argentina
“Sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural, más allá de los cambios de signos políticos en el gobierno”, dice el análisis de Poder Ciudadano.
“Hay un nuevo enfoque que está cobrando ímpetu en los países que miden cuestiones de calidad institucional y es la vinculación que existe entre el Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice del Estado de Derecho. Hay una conexión clara entre los problemas de acceso a la Justicia y la corrupción. En este marco, vemos muy inconveniente que se empiece a hablar de modificar la estructura de la Corte Suprema, ampliar sus miembros y su forma de funcionamiento, cuando lo que tenemos que hacer para luchar eficazmente contra la corrupción es justamente fortalecer la independencia del Poder Judicial”, afirmó Hugo Wortman Jofre, presidente de Poder Ciudadano.
¿Cómo se mide?
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público. Se calcula en base a 13 fuentes externas, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y especializadas en análisis de riesgos.
Se evalúa la existencia o inexistencia de sobornos; la protección legal de denunciantes de casos de casos de coimas o irregularidades; malversación de fondos públicos; funcionarios que utilizan su cargo público para lucrar; la capacidad de los gobiernos para prevenir actos corruptos; burocracia estatal; nepotismo en los nombramientos de funcionarios; legislación que garantice la transparencia en las declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos; acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.
La medición en el país
En Argentina se tomaron como índices ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
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