La Justicia federal imputó a un médico y a un enfermero por una estafa millonaria contra el Pami mediante la facturación de miles de prácticas médicas inexistentes. El juez les prohibió salir del país mientras avanza la investigación por fraude.
La Justicia federal imputó a un cardiólogo y a un enfermero por ejecutar una estafa millonaria contra el PAMI. Las autoridades judiciales identificaron a los acusados como el médico M.G.A. y el licenciado M.A.P..
Detalles de la estafa millonaria al PAMI
El juez federal de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros, formalizó los cargos por defraudación a la administración pública y lavado de activos. Según expuso la UFI-PAMI, conducida por Santiago Marquevich, los imputados cobraron $579.943.598,88 por 36.085 estudios médicos jamás realizados. Asimismo, el organismo frenó un segundo pago ilegal por $147.974.775,68 tras detectar severas inconsistencias administrativas.
La investigación de los fiscales María Virginia Sosa, Andrés Montefeltro y Soledad García comprobó graves irregularidades. Ciertamente, el profesional figuraba realizando estudios en la plataforma mientras estaba fuera del país. Además, afiliados residentes en diversas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires negaron cualquier atención con el profesional.
Lavado de dinero y antecedentes con fentanilo
Por otro lado, los acusados compraron un inmueble en junio de 2024 para blanquear los fondos ilícitos. Para lograr este objetivo, los sospechosos emplearon una sociedad fantasma y documentación falsa ante una escribana. En consecuencia, el magistrado les prohibió salir de la Argentina y fijó un plazo de investigación hasta el 25 de febrero de 2027.
Ambos implicados ya habían sufrido una detención en junio durante varios allanamientos en Acebal y Wheelwright. En esa oportunidad, la sede fiscal de Venado Tuerto los procesó por operar un consultorio clandestino. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina. Por este motivo, el juez Aurelio Cuello Murúa les dictó prisión preventiva por 90 días por suministro ilegal de estupefacientes.
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