Potenciar Trabajo: el Gobierno gastó $4 mil millones por demoras en las bajas de beneficiarios irregulares

El dinero corresponde a unos 30 mil inscriptos viajaron al exterior. La intención del Gobierno de Milei es eliminar esos pagos entre esta semana y la próxima.

En los próximos días, el Gobierno llevará a cabo la suspensión de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que realizaron viajes al exterior. Esta decisión sigue una solicitud de Guillermo Marijuán. Tras una investigación, el fiscal federal identificó que aproximadamente 159.919 beneficiarios realizaron lujosos viajes al extranjero desde el año 2020.

Se espera, en consecuencia, que alrededor de 30.000 personas sean suspendidas inicialmente por sus viajes en avión y cruceros.

A pesar de las evidencias proporcionadas por Marijuán en octubre, la administración de Alberto Fernández no tomó medidas provisionales. Mientras que la posición de la gestión de Milei no estaba clara hasta ahora.

Según fuentes de un medio, Capital Humano ya posee el listado y procederá con el proceso de baja del sistema.

Sobre el programa y la investigación

Potenciar Trabajo otorga la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a personas en situación de vulnerabilidad. Es a cambio de una contraprestación laboral o comunitaria de cuatro horas o la finalización de estudios.

En diciembre de 2023, la suma ascendió a $78,000. Según la denuncia de Marijuán, durante octubre y noviembre, estas 30.000 personas percibieron $3.945.876, dinero que podría haber beneficiado a personas genuinamente necesitadas.

La investigación revela que 817 personas utilizaron cruceros, 29.076 aviones y 83.974 embarcaciones desde 2020. Además, se detalla que 19.858 viajes tuvieron una duración de 21 a 30 días, 14.823 de 31 a 50 días, y 21.911 más de 51 días. En cuanto a los viajes aéreos, 20.832 se realizaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6,595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y 1,649 desde otros aeropuertos del país.

A estos datos se suma la baja de 4.588 inscritos en el programa que fueron identificados como empleados del sector público en provincias como Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

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