Obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán atender y resolver los reclamos de sus afiliados en un plazo máximo de treinta días.
Las obras sociales y empresas de medicina prepaga en Argentina deberán atender los reclamos de sus afiliados en un plazo máximo de treinta días hábiles. Así lo dispuso un nuevo procedimiento implementado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La reforma busca poner fin a años de demoras y falta de respuestas, garantizando que los beneficiarios del sistema de salud reciban atención más rápida y efectiva.
Una de las principales modificaciones es que las entidades ahora tienen un plazo de cinco días corridos para responder a los requerimientos del organismo regulador. Anteriormente, los procesos podían extenderse hasta dos años sin que se aplicaran sanciones concretas.
Obras sociales y prepagas deberán resolver reclamos en treinta días
El nuevo procedimiento se basa en la aplicación de criterios objetivos y sanciones proporcionales, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia. Esto marca el fin de un sistema que a menudo carecía de transparencia y estaba sujeto a decisiones arbitrarias.
Además, las sanciones económicas también se han endurecido. Ahora se calcularán en módulos, cada uno equivalente al haber mínimo jubilatorio. Según la reforma, las multas pueden oscilar entre cinco y los cien módulos, lo que podría traducirse en más de treinta millones de pesos por infracción.
Hasta ahora, las entidades podían eludir responsabilidades mediante un pago voluntario de solo treinta y mil pesos.
Transparencia y elección informada para los usuarios
Una de las innovaciones más relevantes es que las sanciones serán públicas. La Superintendencia creará un ranking institucional que permitirá a los usuarios conocer qué entidades cumplen con sus obligaciones y cuáles no. Esto tiene como objetivo fortalecer la libre elección de cobertura, fomentando la competencia basada en información clara y accesible.
Con este nuevo enfoque, se busca recuperar el rol de la SSS como organismo fiscalizador. Serán las obras sociales y prepagas las que deberán demostrar que cumplen con la normativa vigente. Este cambio también pretende reducir la judicialización de la salud, un problema que ha sobrecargado el sistema y dejado a muchos pacientes sin respuestas adecuadas.
Asimismo, el nuevo marco también busca protege a las entidades que cumplen con las normativas. El objetivo es establecer un sistema justo que premie la buena gestión y sancione a quienes incumplen, devolviendo así la credibilidad al sistema y resguardando los derechos de los beneficiarios.
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