La política y la obligación de recuperar el territorio

Por Lione Cattalini – Diputada Provincial

La madrugada del 5 de marzo asesinaron a Máximo Jerez en el barrio Los Pumitas, al noroeste de la ciudad de Rosario. En el mismo hecho fueron alcanzados por las balas dos nenes de 13 años y una nena de 2.


Cuando quienes conducen el Estado deciden mirar para otro lado, los vecinos sienten el desamparo y deciden organizarse (se organizaron) por sus propios medios para ir contra la casa de uno de los narcos del barrio, el aparente responsable del hecho y de la intranquilidad que impera en un barrio de gente trabajadora. Lamentablemente, la respuesta estatal llegó tarde.


Como consecuencia de los hechos y de la transmisión en vivo de muchos canales de televisión, el Presidente de la Nación, desde Buenos Aires y a través de un video, anunció una serie de medidas para Santa Fe. Y desde un discurso demagógico y falaz decidió la llegada del Ejército para “urbanizar barrios vulnerables”. Esto nos deja un sinsabor, ¿fue la exposición mediática lo que hizo reaccionar al presidente?: desde el 2020 estamos viviendo, y visibilizando, un aumento en las muertes de jóvenes, niños y niñas, pero a partir de la mediatización en Buenos Aires, decidió hacerlo.


El barrio Los Pumitas es lindero al sector de Sorrento y Cullen del barrio Empalme Graneros. En febrero de 2017, la legislatura provincial aprobó el proyecto enviado por el entonces gobernador Miguel Lifschitz que declaraba ese suelo de utilidad pública, autorizando su expropiación. Así se creó el programa “Acceso Justo al Hábitat Barrio Cullen”, en el marco de una política integral de acceso al hábitat digno y luego de muchos años de lucha de toda la comunidad barrial.


En este marco, y a partir del Plan ABRE, comenzó un proceso de urbanización y mejora de los accesos al barrio con amplia participación social. Se abrieron calles, se ejecutaron obras hidráulicas, se realizó el tendido de luz, así como la regularización de lotes y otras mejoras importantes.


En junio del 2017 se inauguró un Punto ABRE con el fin de convertirse en un lugar de encuentro y participación ciudadana y en un espacio de contención y canalización de demandas. El espacio funcionaba de lunes a viernes con actividades que incluían el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, el plan “Vuelvo a estudiar” y entrevistas con vecinos y vecinas pautadas o espontáneas para detectar situaciones complejas que se derivaban a equipos provinciales y municipales y luego tenían seguimiento.

 
En el año 2018 se inauguró un nuevo centro de salud Provincial, a muy poquitas cuadras del homicidio.
A partir de la asunción del gobernador Omar Perotti, se tomó la decisión política de discontinuar el Plan Abre, y se abandonó por completo todas las intervenciones multiagenciales en barrios vulnerados en la ciudad de Rosario. Los Pumitas fue uno de ellos, todas las políticas sociales y urbanas que habían comenzado quedaron en la nada, y se cerró definitivamente el Punto Abre que funcionaba en el lugar.


El estado Provincial decidió correrse de los territorios y ese lugar lamentablemente fue ocupado por el delito, haciendo de los barrios de nuestra ciudad lugares donde reina el sufrimiento. Dejando en evidencia que ante delitos complejos, y un crecimiento de la desigualdad, es fundamental la persecución de quienes los cometen pero, es igual de importante, la contención, la defensa en la igualación de derechos y la garantía de los mismos en todos los territorios de la ciudad.


A todo esto, tenemos que agregarle la poca defensa que el Gobierno Provincial hizo ante el Nacional para incrementar recursos y políticas públicas en nuestra ciudad.


El claro ejemplo de ello es el Fondo de Integración socio-urbana (FISU) que administra el Gobierno Nacional: Hoy Rosario recibe menos fondos nacionales que la ciudad de Pérez para urbanizar barrios populares a través del FISU.


A la fecha se autorizaron para Rosario 11 proyectos, que involucran partidas por $1.556.083.951,48. Esto representa apenas el 0,7% de las partidas autorizadas para el conglomerado nacional. Considerando que según el Registro Nacional de Barrios Populares existen en Rosario 38.647 familias que viven en villas o asentamientos, el presupuesto asignado a la ciudad supone poco más de 40.000 pesos por familia, una cantidad infinitamente menor si se la compara con el resto de las localidades santafesinas presentes en el programa. 


Hoy los rosarinos sufrimos en carne propia el aumento de la violencia, de los homicidios, amenazas y balaceras. La sensación es de desamparo e impotencia: habíamos conseguido que los índices bajen con responsabilidad y trabajo, sabemos que es posible a partir de decisión y voluntad política. Duele ver que el debate público o que la pretensa respuesta de la política tenga que ver con falsas dicotomías, discursos de odio, simplificaciones y el aumento de efectivos o la llegada del ejército.


El debate es mucho más complejo y requiere de planes a largo y plazo, humildad y responsabilidad. Requiere de políticas integrales y compromiso de todos los sectores para recuperar un territorio que el Estado nunca debió abandonar.


En Santa Fe tenemos que hacer cosas distintas. Las y los que tenemos una visión progresista del mundo, valoramos las historias de conquistas y luchas del pasado, somos capaces de incidir en los desafíos del presente y nos distingue nuestra voluntad transformadora hacia el futuro.


Nos anima la construcción de un proyecto común que realce (ennoblezca) a la política. Una política preocupada por generar iniciativas de alto impacto y servicios sociales universales como la salud, la educación, la cultura. Fundamentales para promover la dignidad humana, la proximidad, la sensibilidad, el reconocimiento del otro como un igual al que le debemos abrir puertas para una vida mejor.


Estoy convencida que se puede, porque fuimos capaces de llevar adelante políticas transformadoras, humanas, con un claro objetivo de reparación histórica, de inclusión y de dignificación social. Y podemos volver a hacerlo.

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