Milei busca apoyo en radicales para sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria

El presidente recibió a cinco diputados radicales que aún no definen su postura sobre el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

Foto: Presidencia

Este martes, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con cinco diputados radicales que se encuentran indecisos respecto del veto a la ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso. El encuentro, que apunta a asegurar los votos necesarios para sostener el veto presidencial, contó con la participación de Luis Picat (Córdoba), José Tournier (Corrientes), Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones) y Mariano Campero (Tucumán), quien es el único que ya expresó su intención de cambiar su voto.

Acompañando a Milei, estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La sesión decisiva está programada para hoy miércoles a las 11, donde se espera que se defina la suerte de la norma. El oficialismo necesita alcanzar 86 votos para mantener firme el veto, y una de sus estrategias consiste en lograr que algunos legisladores se ausenten, dado que los votos se contabilizan sobre los presentes en la sala.

Internas radicales

El bloque radical, compuesto por 33 integrantes y presidido por Rodrigo de Loredo, tiene diferencias en cuanto al rol que deben adoptar frente al Gobierno de Milei, ya sea opositor o dialoguista. En este contexto, el espacio de Innovación Federal, que agrupa a ocho diputados de Salta, Río Negro y Misiones, también podría ver algunos de sus miembros modificar su postura respecto de la votación original del 5 de junio, cuando apoyaron la iniciativa opositora sobre los haberes previsionales.

El lunes previo a la reunión con los radicales, los jefes de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el PRO mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada para consolidar los lazos entre las distintas fuerzas oficialistas. El objetivo fue aliviar las tensiones generadas tras el rechazo del Decreto 780/2024, que introducía modificaciones a la ley de acceso a la información pública.

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