El oficialismo dio marcha atrás con parte de la llamada ley Hojarasca para acelerar su tratamiento en la Cámara de Diputados y asegurar el apoyo de bloques dialoguistas, en medio de una negociación ajustada por los votos.
En el marco de las negociaciones por la ley Hojarasca, el Gobierno decidió retirar los cambios que afectaban directamente a diputados y senadores en sus derechos de circulación y estacionamiento, un punto que había generado fuerte resistencia en el Congreso.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo como parte de su plan de recorte del gasto estatal y revisión de regímenes especiales, incluía originalmente la eliminación de credenciales que permitían la libre circulación y el estacionamiento para los legisladores nacionales.
Ese aspecto de la norma fue interpretado por varios bloques como una medida más política que fiscal, y se convirtió en uno de los ejes de tensión en la previa del debate en la Cámara de Diputados. Para destrabar la discusión, el Ejecutivo aceptó dar marcha atrás con ese tramo.
Qué cambió en la ley Hojarasca
Con la última modificación, se preservan las credenciales que permiten a diputados y senadores nacionales circular y estacionar en zonas restringidas por razones de función. De esta manera, se mantienen prerrogativas clásicas del Poder Legislativo que habían quedado bajo la lupa en el borrador inicial.
Otro de los puntos sensibles estaba vinculado a las cooperativas. Los cambios finales también contemplan garantías para cooperativistas, que temían perder beneficios y herramientas clave para el desarrollo de sus actividades.
El Ejecutivo buscó así allanar el camino para que la ley Hojarasca avance en Diputados, en un contexto donde cada voto cuenta y las reformas que tocan intereses de distintos sectores se negocian párrafo por párrafo.
Negociaciones y contexto político
La decisión de preservar beneficios para legisladores y cooperativistas se inscribe en una estrategia de concesiones puntuales con la que el Gobierno intenta asegurar mayorías para sus proyectos clave.
En la Cámara baja, los bloques dialoguistas reclamaron que cualquier recorte de privilegios se haga con criterios generales y no como respuesta coyuntural a tensiones políticas. A la vez, pidieron sostener herramientas que consideran esenciales para el funcionamiento del Congreso y para la organización del trabajo cooperativo.
La ley Hojarasca se enmarca en un paquete más amplio de medidas con las que el oficialismo intenta reordenar estructuras y reducir gastos del Estado. Sin embargo, la discusión sobre el alcance real del ajuste y sobre quiénes cargan con el mayor impacto sigue abierta dentro y fuera del recinto.
Con las últimas modificaciones, el Gobierno espera ahora acelerar el tratamiento en Diputados y mostrar capacidad de acuerdo político en un escenario marcado por tensiones internas, presión social y reclamos de previsibilidad institucional.
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