La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó su esquema de supervisión y elevó las exigencias para los sujetos obligados, con nuevos plazos y condiciones a través del sistema SRO+ que apuntan a agilizar el control antilavado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) endureció los controles sobre los sujetos obligados, es decir, el conjunto de entidades y profesionales que deben reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El organismo actualizó los plazos y las condiciones de presentación de información a través del sistema SRO+, una plataforma digital que centraliza los reportes.
Con este cambio, la UIF busca que las comunicaciones sean más rápidas, completas y estandarizadas. La nueva normativa establece cronogramas más estrictos para el envío de datos y amplía el alcance de la información que deben aportar bancos, financieras, sociedades de bolsa, aseguradoras, escribanos, contadores y otros actores regulados.
Según se desprende de la medida, el foco está puesto en mejorar la trazabilidad de las operaciones y reducir los márgenes de discrecionalidad en los reportes. El SRO+ se consolida así como la herramienta central para que la UIF supervise el cumplimiento del régimen de prevención de lavado en todo el sistema.
Sanciones automáticas ante incumplimientos
Uno de los aspectos más sensibles de la decisión es la incorporación de sanciones automáticas frente a los incumplimientos. La normativa prevé medidas para quienes no carguen la información en tiempo y forma, o lo hagan de manera incompleta, a través del SRO+.
Las sanciones pueden traducirse en apercibimientos, multas y otras penalidades administrativas, sin necesidad de procesos largos o trámites adicionales. De esta forma, la UIF intenta desincentivar la demora en los reportes y reforzar la responsabilidad de los sujetos obligados como primera línea de defensa ante el lavado de activos.
El organismo apunta a que cada reporte omitido o tardío tenga un impacto concreto, con el objetivo de elevar el estándar de cumplimiento y acercar la regulación local a las recomendaciones internacionales en materia de prevención.
Los cambios introducidos obligan a las entidades financieras y otros sujetos obligados a revisar sus procedimientos internos. Muchas deberán actualizar sus sistemas informáticos, capacitar al personal y ajustar los manuales de cumplimiento para adaptarse al funcionamiento del SRO+ y a los nuevos plazos.
El refuerzo de la supervisión también implica un mayor seguimiento sobre el origen y destino de los fondos, así como sobre operaciones inusuales o de alto riesgo. En ese marco, la UIF busca reducir los espacios que podrían ser aprovechados por organizaciones criminales para mover dinero de manera encubierta.
Si bien el nuevo esquema suma carga administrativa para los sujetos obligados, el organismo sostiene que la modernización del SRO+ y la automatización de sanciones permitirán contar con información más precisa y oportuna, elemento clave para avanzar en investigaciones y reportes a la justicia cuando se detecten maniobras irregulares.
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