La Justicia Federal intervino la firma Vorterix Rosario por un período de noventa días en el marco de un expediente por lavado de activos. La medida busca resguardar los bienes de la empresa vinculada a un hombre detenido por narcotráfico.
Una drástica resolución judicial sacudió a los medios locales tras disponerse la intervención por 90 días de la firma VTX (Vorterix) Rosario SA. El juez federal Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Rosario, dictó la medida preventiva a solicitud de la Procelac. De esta forma, las autoridades buscan resguardar los activos de la empresa mientras investigan presuntas maniobras de lavado de activos.
Imputados y vínculos con el narcotráfico
En la causa intervienen los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Matías Scilabra junto a la PROCUNAR. El principal investigado en el expediente es Brian Walter Bilbao, quien permanece detenido desde noviembre de 2025 tras incautarle 956 kilos de cocaína. Asimismo, los investigadores señalan al empresario como presunto integrante de una red criminal transnacional que transportaba estupefacientes en avionetas.
Según la imputación de los fiscales, Brian Walter Bilbao administraba de hecho la sociedad comercial desde el 29 de octubre de 2018. Para lograr este cometido, el sospechoso habría utilizado a una mujer y a su hija en calidad de interpósitas personas. Además, las escuchas telefónicas confirmaron que el imputado aportaba vehículos propios para trasladar artistas del Teatro Vorterix en Rosario y Mar del Plata.
Designación de autoridades y control de activos
Por otro lado, la fiscalía constató a través del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe que los administradores reales no figuran inscriptos formalmente. Debido a esta irregularidad, el magistrado designó a un síndico administrador para supervisar la firma en carácter de oficial de justicia.
En consecuencia, el funcionario judicial deberá confeccionar un inventario exhaustivo y reportar de manera mensual todos los ingresos y egresos económicos. Igualmente, el interventor recaudará las ganancias operativas para depositarlas en una cuenta a plazo fijo a la orden del juzgado. Por lo tanto, el tribunal intenta preservar el patrimonio social y evitar la fuga de capitales de origen ilícito.
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