La Justicia elevó a juicio la causa contra Belliboni y otros 17 acusados por fraude y extorsión en el manejo de planes sociales.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que se eleve a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni y otros 17 acusados por presunta extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y fraude al Estado. Según la investigación, entre 2020 y 2024 se habría montado un esquema delictivo que incluía el cobro de aportes forzados a personas en situación vulnerable y la presentación de facturas falsas para desviar fondos públicos por casi 50 millones de pesos.
El caso se inició con denuncias sobre presiones ejercidas sobre los beneficiarios de planes sociales para que participaran en movilizaciones y contribuyeran económicamente a la organización. Además, se detectó el uso de empresas fantasma, como Rumbos y Coxtex SA, para justificar gastos inexistentes. La investigación reveló registros contables paralelos que documentaban gastos personales atribuidos a Belliboni, como viáticos y compras personales.
El proceso avanzó luego de que la Cámara de Casación rechazara los recursos de la defensa, lo que confirmó los procesamientos dictados previamente por el juez Sebastián Casanello. La resolución incluyó cargos de amenazas coactivas y administración fraudulenta, alineados con los pedidos de la fiscalía. Entre los imputados también figuran miembros de la agrupación Barrios de Pie.
Belliboni rechazó la acusación y señaló que la causa tiene una motivación política. Según él, los aportes eran voluntarios y las movilizaciones respondían a la necesidad de exigir derechos. La defensa también denunció que el dictamen de Pollicita fue filtrado a la prensa antes de su presentación formal, lo que consideran una maniobra de persecución contra las organizaciones sociales.
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