La ex titular de la ANMAT amplía su declaración indagatoria este lunes en la causa que investiga el fentanilo adulterado. El juez federal Ernesto Kreplak busca determinar las responsabilidades estatales tras la muerte de casi 100 pacientes en todo el país.
La ex titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, ampliará su declaración judicial durante la jornada de este lunes. El magistrado Ernesto Kreplak, al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata, encabeza la causa. La investigación busca esclarecer las responsabilidades por las casi 100 muertes provocadas por fentanilo adulterado.
Situación procesal de las ex funcionarias
Anteriormente, Bisio había entregado un escrito formal al juzgado y decidió abstenerse de contestar las preguntas de las autoridades. Sin embargo, la ex funcionaria abandonó la prisión tras abonar una caución real de $75 millones. Por su parte, la ex directora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado, obtuvo la libertad bajo la misma cifra monetaria.
Los efectivos policiales arrestaron a la ex jefa del organismo de control en la ciudad bonaerense de Olivos. Mientras tanto, Mantecón Fumado se entregó de forma voluntaria en la comisaría junto a su abogado defensor. Los fiscales intervinientes calificaron la maniobra como un delito de criminalidad compleja perpetrado por un conglomerado empresarial organizado.
Contaminación bacteriana y fallas de control
El expediente salpica directamente a las firmas HLB Pharma y Ramallo S.A., cuyo propietario, el empresario kirchnerista Ariel García Furfaro, permanece detenido en la cárcel de Marcos Paz. Los peritajes confirmaron que los lotes 31.202 y 31.244 del anestésico contenían las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Dichas partidas salieron al mercado nacional en enero de 2025 tras su elaboración en diciembre de 2024.
A pesar de haber detectado irregularidades graves durante las inspecciones técnicas, la ANMAT y el INAME omitieron el seguimiento de los controles. De esta manera, las plantas farmacéuticas continuaron elaborando medicamentos sin recibir sanciones ni clausuras preventivas. La causa judicial intenta determinar ahora el nivel de negligencia de los organismos estatales encargados del control sanitario.
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