El juicio contra la banda liderada por Franco “Fran” Riquelme dejó al descubierto el funcionamiento de una de las organizaciones criminales que más violencia generó en los barrios Empalme Graneros y Ludueña entre 2021 y 2023, con un fallo histórico que incluyó 12 prisiones perpetuas y reveló maniobras que aún plantean interrogantes sobre el rol del Servicio Penitenciario.
Un fallo histórico contra una banda que sembró violencia
En el debate oral que culminó con las condenas, el fiscal Patricio Saldutti detalló cómo la estructura comandada por Riquelme se disputó el territorio con otra organización delictiva, dejando una estela de balaceras, homicidios y extorsiones en la zona noroeste de Rosario. La causa reunió múltiples hechos ocurridos entre 2021 y 2023, con víctimas directas y vecinos que quedaron atrapados en medio de la confrontación.
Según explicó Saldutti en declaraciones radiales, la investigación se apoyó en una tarea focalizada sobre los movimientos de la banda, el análisis de comunicaciones y el seguimiento de sus principales referentes. Esa labor permitió reconstruir el mapa de la disputa territorial y vincular a los acusados con los ataques más graves registrados en Empalme Graneros y Ludueña.
Doce perpetuas y un balístico que marcó un precedente
El tribunal dictó 12 penas de prisión perpetua, una cifra poco frecuente incluso para causas complejas vinculadas al crimen organizado. Para la Fiscalía, el veredicto representa un mensaje fuerte frente a las organizaciones que operan desde los barrios y muchas veces intentan seguir manejando negocios aún tras las rejas.
Uno de los puntos que destacó Saldutti fue la realización de un cotejo balístico inédito para el fuero local. Ese estudio permitió vincular armas utilizadas en distintos hechos violentos, consolidando la prueba de que respondían a una misma estructura criminal. El análisis de los proyectiles fue clave para sostener la acusación en varios de los homicidios y ataques a viviendas.
La mira sobre el Servicio Penitenciario y la disputa narco
Otro aspecto que se desprende del juicio es la incógnita sobre el rol del Servicio Penitenciario. Las comunicaciones y maniobras investigadas evidencian que parte de las órdenes se habrían impartido desde contextos de encierro, lo que vuelve a poner bajo la lupa los controles internos y la capacidad del Estado para impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión.
La disputa que tuvo como escenario a Empalme Graneros y Ludueña se inscribe en una puja más amplia por el control de economías ilegales, en especial el narcomenudeo y las extorsiones. En ese marco, el fallo no sólo castiga los delitos cometidos, sino que intenta desactivar la lógica de violencia que se consolidó en esos barrios en los últimos años.
Para la Fiscalía, el proceso deja además un aprendizaje institucional: la necesidad de profundizar las investigaciones integrales que combinen inteligencia criminal, análisis de comunicaciones y pruebas científicas, como el balístico, para llegar a fallos sólidos frente a organizaciones que buscan sostenerse en el tiempo pese a las detenciones.
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