Diez personas fueron imputadas y están siendo investigadas como partícipes necesarias del fraude, el cual supera los treinta y ocho millones de pesos.
Se trata del Hospital Iturraspe, ubicado en la ciudad de Santa Fe. La Justicia imputó a diez personas, quienes están siendo investigadas como partícipes necesarias del fraude a la administración pública. De acuerdo a lo que se conoció, la maniobra fue por un total de 38.337.865 pesos. Actualizada por inflación, la cifra alcanza los 100 millones.
El fiscal Federico Grimberg realizó las atribuciones delictivas en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1. Precisó que “entre los imputados hay cuatro mujeres y seis hombres”, quienes transitarán el proceso judicial en libertad. Asimismo, indicó que “en el mismo legajo hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuáles es investigada por la autoría de las defraudaciones”.
Sobre la denuncia
Grimberg explicó que “las maniobras que investigamos se concretaron al menos entre enero de 2020 y octubre de 2023″. Dio a conocer que, en tanto, que “cesaron tras la denuncia que dio origen a la investigación“. Vale destacar que fue las irregularidades fueron advertidas por el Consejo de Administración del Hospital.
Además, el fiscal afirmó que “a sabiendas de que era ilegal, los partícipes necesarios recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado Fondo del 30%”. Indicó que “se trata de la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares”.
“Durante años, el hombre investigado como autor de los ilícitos remitió al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos“, preció el funcionario. Y añadió: “Alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados. En función de ello se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas y por montos que no eran los previamente informados y aprobados”.
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