La Policía Federal incautó casi 300 ampollas de fentanilo y morfina ocultas en la vivienda de un cardiólogo imputado por sobrefacturación masiva contra la obra social de jubilados. El decomiso incluyó material quirúrgico diverso y dosis sin utilizar de potentes ansiolíticos.
Las autoridades judiciales coordinaron múltiples operativos de inspección en las localidades santafesinas de Acebal y Wheelwright para desarticular un esquema delictivo institucional. Durante los procedimientos domésticos, el personal policial secuestró insumos médicos de máxima restricción guardados clandestinamente en una caja de seguridad de acero. Por consiguiente, el hallazgo de potentes sustancias analgésicas reorientó de forma sorpresiva las líneas de investigación de la Policía Federal.
Detalles del decomiso y sospechosos
Con respecto a los elementos incautados, las fuerzas de seguridad contabilizaron 243 ampollas descartadas de fentanilo. Asimismo, los efectivos policiales retiraron cincuenta frascos intactos de morfina y diversos lotes con dosis de diazepam y penicilina. De igual modo, los allanamientos alcanzaron la vivienda compartida por el cardiólogo investigado Martín A. y un enfermero civil de igual nombre de pila.
Por otra parte, la causa original comenzó debido a una maniobra delictiva que perjudicó directamente las finanzas públicas de los jubilados argentinos. La hipótesis central de la fiscalía señala la carga sistemática de falsas consultas médicas a beneficiarios entre los años 2023 y 2025. En consecuencia, la facturación fraudulenta contra la estructura del Pami superó la cifra estimada de quinientos ochenta millones de pesos.
Intervención de fueros judiciales
Por su parte, los fiscales locales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa impulsaron inicialmente las órdenes de allanamiento desde los tribunales de Rosario. Sin embargo, el sorpresivo hallazgo de los estupefacientes medicinales provocó la apertura inmediata de un segundo expediente penal por narcotráfico. Por tal motivo, los funcionarios Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi asumieron el control de las nuevas actuaciones periciales.
Por otra parte, la delegación fiscal de Venado Tuerto encabeza actualmente las averiguaciones complementarias bajo los términos punitivos de la ley 23737. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa presidirá la audiencia oficial para determinar la responsabilidad jurídica de ambos profesionales sanitarios implicados. De esta manera, el sistema judicial unificará las pruebas para sancionar tanto el desvío de narcóticos como la estafa económica.
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